El nuevo superintendente de Notariado y Registro visitó las oficinas de Instrumentos Públicos en Barranquilla y Soledad mientras avanzan las acciones para esclarecer la entrega gratuita de dos predios a particulares.
Dos terrenos que habrían sido transferidos gratuitamente a particulares en Puerto Colombia quedaron en el centro de una revisión institucional que involucra a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las autoridades judiciales.
El nuevo superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach, estuvo este jueves en Barranquilla como parte de una agenda de visitas a las oficinas de Instrumentos Públicos del Atlántico.
El funcionario recorrió la sede ubicada en la carrera 42D con calle 80A y aprovechó el encuentro para presentar a parte del equipo que lo acompañará durante su gestión.
Su agenda en el departamento también contempla una visita a la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, municipio cuya entidad registral ha estado involucrada anteriormente en investigaciones relacionadas con hechos de corrupción.
Aunque Méndez Llach no ofreció declaraciones a los medios, se conoció que el recorrido está relacionado con la instrucción impartida por el presidente Abelardo De la Espriella para revisar los casos de cesión gratuita de terrenos registrados en Puerto Colombia.
Uno de los casos corresponde a un lote de más de 5.300 metros cuadrados, resultado de la división de un terreno conocido como Pajonal, ubicado entre las carreras 20 y 23 con calle 1B.
El predio fue entregado a Francisco Javier Pizarro Guerra bajo la figura de vivienda de interés social y tendría un valor superior a los $60 mil millones, según las estimaciones conocidas sobre el caso.
La segunda transferencia cuestionada involucra un terreno ubicado en la carrera 20 con calle 2, con una extensión cercana a los 33.000 metros cuadrados.
Este predio fue entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos y su valor superaría los $10 mil millones.
El presidente De la Espriella se refirió recientemente a estas situaciones y cuestionó que bienes destinados al interés colectivo puedan terminar, presuntamente, bajo control privado mediante actuaciones irregulares.
Entre los ejemplos mencionados por el mandatario se encuentra un terreno que estaba destinado a funcionar como parque infantil y que, según denunció, habría sido apropiado de manera irregular.
Mientras la Supernotariado revisa la situación registral de los predios, el abogado penalista Donaldo Del Villar solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con mayor rapidez en las investigaciones.
El jurista dirigió una comunicación al director seccional de Fiscalías del Atlántico, Romel David Arévalo González, en la que pidió priorizar el análisis de las denuncias relacionadas con la transferencia gratuita de los dos terrenos.
Según Del Villar, los documentos y denuncias presentados hasta ahora ameritan una actuación pronta de las autoridades y una revisión conjunta de los hechos.
En su solicitud, planteó que los casos podrían estar relacionados entre sí y pidió que no sean abordados como situaciones independientes.
El abogado también propuso solicitar una audiencia preliminar de restablecimiento del derecho, con la participación de un fiscal dedicado prioritariamente al caso y el apoyo de policía judicial.
Uno de los objetivos planteados en la petición es que, si las investigaciones determinan irregularidades, se pueda avanzar ante la justicia para lograr la cancelación definitiva de los títulos relacionados con los terrenos.
Las actuaciones de la Supernotariado y el avance de las investigaciones de la Fiscalía serán ahora determinantes para establecer cómo se produjeron las transferencias y si existieron irregularidades en la entrega de estos predios ubicados en Puerto Colombia.
