El contrato, que contempla recursos de hasta $1 billón para proyectos en Atlántico, Magdalena y La Guajira, despertó inquietudes en los organismos de control por las condiciones en las que fue firmado.
Un acuerdo financiero por hasta $1 billón para modernizar la infraestructura eléctrica de la región Caribe quedó bajo la atención de la Procuraduría General de la Nación.
El negocio fue suscrito entre Air-e, empresa actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y la compañía china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC). Los recursos estarían destinados a financiar proyectos de infraestructura en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Ahora, el Ministerio Público quiere conocer en detalle cómo se estructuró y aprobó esta operación.
La Procuraduría solicitó información tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos para establecer las condiciones jurídicas, financieras y administrativas bajo las cuales se concretó el acuerdo.
Uno de los aspectos que llamó la atención del procurador general, Gregorio Eljach, fue el contexto en el que se produjo la firma.
El jefe del Ministerio Público señaló que resulta necesario revisar con especial cuidado una obligación de semejante magnitud, teniendo en cuenta que el entonces interventor de Air-e había anunciado poco antes que le quedaban pocas horas en el cargo.
Según explicó Eljach, la actuación de la Procuraduría tiene un carácter preventivo y busca evitar posibles afectaciones al patrimonio o al interés público.
La entidad pretende determinar si todo el procedimiento se realizó conforme a las normas y, en caso de encontrar irregularidades, establecer las responsabilidades correspondientes.
Entre las preguntas enviadas por la Procuraduría a la superintendente Hilda Borja está la relacionada con el papel que debía cumplir la Superintendencia de Servicios Públicos frente a esta operación.
El organismo de control pidió precisar si, según el análisis jurídico realizado por la entidad, el contrato requería alguna autorización previa, aprobación, no objeción u otra manifestación oficial antes de su celebración.
También solicitó información sobre posibles cláusulas de confidencialidad que puedan limitar el acceso de terceros o de las autoridades de control a los detalles del acuerdo.
Otro de los puntos que será revisado es la manera en que esta nueva obligación financiera fue incorporada dentro del esquema diseñado para la solución empresarial de Air-e.
La revisión también incluye un asunto que podría tener consecuencias directas para los usuarios: el eventual efecto de las inversiones y su financiación sobre las tarifas del servicio de energía.
La Procuraduría pidió a la Superservicios establecer si los proyectos financiados hacen parte de planes de inversión reconocidos o susceptibles de reconocimiento regulatorio.
Además, solicitó conocer qué mecanismos existen para impedir una eventual duplicidad en la remuneración de las inversiones.
El objetivo es determinar cómo se financiarán las obras y cuál podría ser el impacto económico derivado de la operación.
La firma del acuerdo habría generado inquietud incluso dentro del Gobierno nacional.
Según se conoció, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, no había sido informada sobre los alcances del contrato, situación que también ha despertado cuestionamientos alrededor de la operación.
Desde Air-e, sin embargo, el acuerdo fue presentado como una oportunidad para avanzar en proyectos estratégicos después de cerca de un año de negociaciones.
La empresa informó que los recursos permitirían impulsar la renovación tecnológica de subestaciones de potencia, ampliar las redes de distribución y transmisión y aumentar la capacidad del sistema eléctrico.
También se contempla el fortalecimiento general de la infraestructura para mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los usuarios en la región Caribe.
El entonces interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, aseguró que el propósito de las inversiones es avanzar hacia un servicio más confiable y una red con mejores condiciones tecnológicas.
El acuerdo contempla un periodo de un año de gracia, que comenzaría a contarse una vez entre en funcionamiento la infraestructura financiada.
La operación tendría una tasa de interés de 5,2 % efectivo anual y una duración total de 60 meses.
Durante ese periodo se gestionarán los recursos necesarios para financiar las iniciativas que sean definidas como prioritarias y que reciban la aprobación de un comité técnico.
Mientras tanto, la Procuraduría continuará revisando el acuerdo para establecer si su celebración cumplió con todos los requisitos y si existen aspectos que deban ser corregidos en una operación que compromete hasta un billón de pesos para el futuro de la infraestructura eléctrica de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
