El Ministerio Público pidió a Transporte e Invías preparar una transición sin interrupciones tras la reversión de Autopistas del Caribe y advirtió sobre posibles riesgos para la movilidad, los peajes y el transporte de carga.
El cambio en la administración del corredor Cartagena-Barranquilla entra en una etapa decisiva y la Procuraduría quiere evitar que el proceso termine afectando a quienes utilizan diariamente esta vía.
Ante el comienzo de la fase de reversión de la concesión Autopistas del Caribe, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) adoptar medidas inmediatas para garantizar que el corredor continúe funcionando con normalidad.
La solicitud fue presentada mediante una actuación preventiva de la Procuraduría, que pidió preparar desde ahora los aspectos necesarios para que el traspaso de responsabilidades no genere interrupciones en la operación, conservación y administración de la carretera.
El organismo de control solicitó información precisa sobre el nivel de preparación de las entidades que asumirán la administración del corredor, así como sobre los recursos disponibles para financiar su operación.
También pidió identificar los riesgos asociados a la transición y entregar los estudios técnicos que servirían de fundamento para cualquier eventual modificación en las tarifas de los peajes.
La Procuraduría busca que el proceso no termine provocando dificultades en puntos sensibles como la movilidad, la seguridad vial, el funcionamiento de las estaciones de cobro y la prestación del servicio de transporte público y de carga.
La preocupación no se limita al corredor Cartagena-Barranquilla. La actuación también contempla la zona de influencia del proyecto Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública pidió además conocer cómo avanzan ambos procesos y de qué manera se están coordinando las autoridades nacionales y territoriales involucradas.
Otro de los aspectos sobre los que solicitó información es la participación de las comunidades usuarias en las decisiones relacionadas con el futuro de estos corredores, debido al impacto que tienen sobre la movilidad regional.
La reversión se produce después de que la concesión Autopistas del Caribe fuera liquidada anticipadamente mediante un acuerdo alcanzado en diciembre de 2025.
La decisión estuvo relacionada con las dificultades que rodearon la ejecución del contrato, entre ellas las protestas sociales registradas durante el desarrollo del proyecto.
A esto se sumaron situaciones que llevaron a activar responsabilidades de riesgo a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), principalmente por el menor recaudo registrado en las estaciones de peaje y por incumplimientos relacionados con la instalación de otros puntos de cobro previstos en el sector de Arroyo Grande, en Luruaco.
Ahora, con el comienzo de la reversión, la Procuraduría busca que las entidades estatales tengan definida una hoja de ruta que permita mantener la prestación del servicio sin sobresaltos.
El objetivo, según el Ministerio Público, es que el cambio de administración no termine afectando la conectividad del Caribe ni el tránsito de mercancías por uno de los corredores estratégicos para la región.
