En el Atlántico, especialmente en Barranquilla y su área metropolitana, la violencia ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una constante alarmante. Malambo, Soledad, Galapa… los nombres se repiten, pero el patrón es el mismo: sicariato, ajustes de cuentas y vidas que se apagan sin que exista una respuesta contundente.
¿Qué está pasando realmente en nuestras calles?
¿En qué momento se normalizó que dos hombres en motocicleta decidan quién vive y quién muere?
¿Dónde están las autoridades cuando la criminalidad parece ir un paso adelante?
Los recientes asesinatos no son simples cifras. Son el reflejo de un problema estructural que va más allá de un titular. En muchos casos, las primeras hipótesis apuntan al control del microtráfico, a disputas por territorios invisibles pero letales. El negocio de las drogas sigue siendo uno de los principales motores de esta violencia, alimentado por una cadena que incluye consumo, distribución y reclutamiento de jóvenes.
Y es aquí donde surge otra pregunta incómoda:
¿Estamos fallando como sociedad en la formación de nuestros jóvenes?
La falta de oportunidades, la escasa educación de calidad, la ausencia de orientación y el abandono institucional han dejado un terreno fértil para que la llamada “vida fácil” se convierta en una opción atractiva. Dinero rápido, poder momentáneo y una falsa sensación de respeto están reemplazando valores fundamentales.
Pero no todo puede recaer en la responsabilidad social.
Las autoridades también deben responder.
¿Dónde están los planes efectivos de seguridad?
¿Dónde están los resultados de inteligencia?
¿Hasta cuándo los ciudadanos seguirán escuchando las mismas promesas después de cada asesinato?
La respuesta institucional suele llegar tarde: operativos después de los hechos, declaraciones de rechazo, recompensas anunciadas… pero pocas soluciones estructurales. La percepción ciudadana es clara: la delincuencia está ganando terreno.
Y en medio de todo esto, surge una inquietud aún más delicada:
¿existen intereses que están permitiendo que esta situación se mantenga?
¿Hay fallas en la articulación entre lo político y lo operativo?
¿Se está atacando realmente el problema o solo sus consecuencias?
Este no es solo un problema de seguridad. Es un problema social, educativo, económico y, posiblemente, político.
Lo cierto es que el Atlántico no puede seguir acostumbrándose a la muerte. No puede ser normal que cada semana haya una nueva víctima, un nuevo titular, una nueva familia destruida.
La violencia no se combate únicamente con más policías en las calles. Se combate con educación, con oportunidades, con presencia real del Estado y con decisiones firmes que vayan más allá del discurso.
Porque si no se actúa ahora, la pregunta dejará de ser qué está pasando…
y pasará a ser: ¿hasta cuándo vamos a permitirlo?
