El organismo pidió acciones urgentes para proteger a la población civil ante la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en zonas urbanas y rurales del municipio. Comunidades indígenas, menores de edad, migrantes y líderes sociales figuran entre los sectores más vulnerables.
La situación de seguridad en Maicao encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, en la que advierte sobre el creciente riesgo que enfrenta la población civil debido a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia distintos sectores del municipio de La Guajira.
El organismo explicó que la ubicación estratégica de Maicao, por su condición de municipio fronterizo con Venezuela y corredor de movilidad, ha favorecido la presencia y el fortalecimiento de organizaciones armadas ilegales interesadas en controlar territorios y economías ilícitas.
La Defensoría señaló que los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, pertenecientes al pueblo Wayúu, enfrentan un escenario especialmente delicado debido al tránsito permanente de actores armados por sus territorios.
Ante este panorama, la entidad instó a las instituciones nacionales y territoriales a ejecutar de manera coordinada las 18 recomendaciones formuladas en la alerta, con el propósito de reducir los riesgos y fortalecer las medidas de protección para las comunidades afectadas.
Según el informe, las ACSN buscan consolidar su presencia en el casco urbano de Maicao y en corregimientos como Carraipía, La Majayura y Paraguachón, situación que incrementa las tensiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que históricamente ha mantenido influencia en las zonas rurales.
La Defensoría también advierte que en Paraguachón existe una coexistencia entre el ELN y la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, grupos que ejercen control sobre pasos fronterizos informales, entre ellos las trochas La 80 y La Cortica, utilizadas para actividades ilegales.
En el área urbana, además, persisten enfrentamientos entre las estructuras criminales denominadas Los Rafita y Los Payasos, a los que se suma la reciente aparición de la Banda del Oso, ampliando el escenario de confrontación.
El organismo de derechos humanos sostiene que la alerta responde a hechos recientes que reflejan el aumento de la violencia en el municipio.
Entre ellos menciona el asesinato de cinco jóvenes ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial y otro ataque registrado el 12 de abril en el barrio Villa Mery, donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos dos menores de edad.
A esto se suma la circulación de videos intimidatorios en redes sociales, en los que, según la Defensoría, aparecen actos de tortura y confesiones forzadas utilizadas por los grupos armados para infundir temor y ejercer control sobre la población.
El informe advierte que estas organizaciones han impuesto mecanismos de control social mediante restricciones a la movilidad, cobros extorsivos a comerciantes y mototaxistas, además de normas de comportamiento que buscan consolidar una gobernanza ilegal en distintos sectores del municipio.
La Defensoría indicó que las ACSN intentan presentarse como garantes del orden mientras establecen alianzas con bandas locales para ampliar su influencia.
El documento también alerta sobre el alto riesgo de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades vinculadas con economías ilícitas, así como la vulnerabilidad que enfrentan migrantes, líderes sociales y autoridades indígenas, quienes pueden ser víctimas de amenazas, desplazamientos forzados y procesos de estigmatización.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió una respuesta urgente y articulada de las entidades competentes para contener la expansión de los grupos armados, fortalecer la investigación judicial, prevenir el reclutamiento de menores y garantizar la protección colectiva de las comunidades étnicas y demás poblaciones en riesgo.
