Bogotá, 24 de junio de 2026. Un total de 274 denuncias por presunto constreñimiento al sufragante fueron reportadas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 21 de junio en Colombia, según informó el Gobierno Nacional.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y la Línea Anticorrupción 157, como parte de la estrategia implementada para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios en los que los colombianos eligieron al próximo Presidente de la República.
De acuerdo con el informe oficial, 261 reportes ingresaron por medio de la plataforma URIEL y otros 13 a través de la Línea 157. Los casos corresponden a presuntos hechos ocurridos en 98 municipios de 28 departamentos del país.
Las autoridades señalaron que las 274 denuncias representarían apenas el 0,001 % del total de votos registrados, lo que significa que el 99,999 % de los sufragios no presentaron reportes relacionados con este delito electoral.
Las ciudades con mayor número de denuncias fueron Bogotá, con 97 casos; Barranquilla, con 16; Medellín, con 10; Cali, con 8; y Bucaramanga, con 7. Estas cinco capitales concentran el 53 % de los reportes recibidos.
A nivel departamental, Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca reúnen el 59 % de las denuncias registradas en todo el país.
En cuanto a los presuntos responsables, el informe indica que las campañas o candidatos políticos representan el 27 % de los casos reportados, seguidos por funcionarios públicos (24 %) y empresas privadas (23 %). En conjunto, estos tres sectores concentran el 74 % de las denuncias.
Por su parte, los grupos armados organizados ilegales aparecen mencionados en 23 denuncias, equivalentes al 9 % del total. También se reportaron casos relacionados con líderes religiosos (2 %) y juntas de acción comunal (1 %).
Las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para establecer la veracidad de los hechos denunciados e identificar a los posibles responsables de conductas que puedan afectar la libertad del voto y la transparencia del proceso democrático.
Según el análisis geográfico realizado por las entidades encargadas, los reportes se concentran principalmente en zonas urbanas, especialmente en Bogotá y su área metropolitana, Medellín, Barranquilla, Cali, Popayán, Pasto, Bucaramanga y Villavicencio.
