Organizaciones que representan a empresas de energía y gas pidieron al Gobierno nacional reconsiderar una eventual liquidación de Air-e, al considerar que una decisión de ese tipo podría afectar la prestación del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, además de generar impactos en todo el sistema energético del país.
La incertidumbre sobre el futuro de Air-e encendió las alarmas en el sector energético colombiano. Diversos gremios nacionales expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la empresa, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sea liquidada.
Según las organizaciones, una medida de esa magnitud no solo tendría consecuencias para millones de usuarios de la región Caribe, sino que también podría generar efectos en la estabilidad financiera y operativa del sistema eléctrico nacional.
A través de un pronunciamiento conjunto, entidades como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP señalaron que la discusión debe abordarse con criterios técnicos y una visión de largo plazo, evitando decisiones que puedan comprometer la continuidad del servicio.
Los gremios sostienen que la falta de una solución estructural para garantizar el funcionamiento de Air-e podría afectar el flujo de recursos entre los distintos actores del sector.
A su juicio, esta situación incrementa los riesgos financieros para empresas relacionadas con la generación, distribución y comercialización de energía y gas, además de afectar la confiabilidad del sistema que abastece al país.
La advertencia cobra mayor relevancia en un contexto marcado por condiciones climáticas exigentes y una creciente demanda de estabilidad en la prestación de los servicios públicos.
Las organizaciones insistieron en que antes de tomar una decisión definitiva sobre la compañía deben agotarse los mecanismos legales y empresariales disponibles para buscar una salida que garantice la continuidad de la operación.
Entre las alternativas mencionadas figura la administración temporal con el objetivo de estructurar una solución empresarial que permita mantener el servicio, cumplir con las obligaciones financieras existentes y ofrecer tranquilidad a los usuarios.
Asimismo, solicitaron que el Gobierno explique de manera detallada cuáles son los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual liquidación de la empresa.
Los representantes del sector consideran necesario que los estudios y evaluaciones realizados durante la intervención sean conocidos por los diferentes actores involucrados.
Para los gremios, comprender los posibles efectos sobre los usuarios, las empresas y el funcionamiento general del sistema energético permitiría tomar decisiones con mayor respaldo técnico y generar confianza en medio de la incertidumbre.
Otra de las solicitudes elevadas por las organizaciones está dirigida a los entes de control, a quienes pidieron ejercer vigilancia permanente sobre el proceso para garantizar que cualquier determinación preserve la prestación continua de los servicios de energía eléctrica y gas natural.
La preocupación se centra especialmente en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios donde Air-e tiene a su cargo la distribución del servicio.
Pese a las críticas, los gremios manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos y los demás actores del sector.
El objetivo, señalaron, es construir una salida sostenible que permita fortalecer el suministro energético en la región Caribe, proteger a los usuarios y mantener la estabilidad institucional del sistema eléctrico colombiano.
