Autoridades departamentales cuestionan la alerta emitida para nueve municipios y aseguran que no refleja la realidad de los territorios. Mientras tanto, anuncian nuevas medidas de seguridad y piden mayor intervención del Gobierno nacional frente a las estructuras criminales.
La advertencia de viaje emitida por Estados Unidos para nueve municipios del Atlántico abrió un nuevo debate sobre la situación de seguridad en el departamento. Mientras el gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos a varias localidades por el aumento de hechos violentos, autoridades regionales consideran que la medida presenta una visión incompleta del panorama que enfrenta la región.
La alerta incluye a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. Según el Departamento de Estado, la decisión responde al incremento de delitos como extorsiones, homicidios selectivos y otros hechos asociados a grupos criminales.
Desde la Gobernación del Atlántico, el llamado principal estuvo dirigido al Gobierno nacional. El secretario del Interior, José Antonio Luque, sostuvo que la problemática de seguridad requiere una respuesta más contundente desde el nivel central, especialmente frente a organizaciones criminales que operan en la región.
El funcionario explicó que buena parte de los hechos violentos registrados obedecen a disputas entre estructuras ilegales por el control de actividades ilícitas como el microtráfico y la extorsión, una situación que, aseguró, viene siendo enfrentada mediante operativos coordinados entre Policía, Ejército, Fiscalía y organismos de inteligencia.
Luque destacó además que el departamento ha realizado inversiones históricas para fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades, incluyendo recursos destinados a movilidad, infraestructura, videovigilancia, tecnología e investigación criminal.
La reacción de varios mandatarios municipales no se hizo esperar. Alcaldes de las poblaciones señaladas manifestaron que la alerta genera una percepción negativa que, según ellos, no corresponde a las condiciones reales de sus territorios.
Desde Malambo, la alcaldesa Yenis Orozco consideró injusto que se concentre la atención únicamente en estos municipios cuando los problemas de seguridad afectan diferentes zonas del departamento y del área metropolitana.
En Galapa, el alcalde Fabián Bonett calificó la medida como exagerada. Argumentó que las estadísticas recientes muestran períodos con ausencia total de homicidios y mejoras en indicadores relacionados con hurtos y capturas por extorsión.
Una posición similar expresó el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, quien afirmó que la situación responde principalmente a enfrentamientos entre grupos delincuenciales que disputan economías ilegales y no a una amenaza generalizada contra la población civil o los visitantes.
La Alcaldía de Puerto Colombia también salió al paso de la advertencia internacional. El gobierno municipal resaltó que el territorio mantiene bajos niveles de extorsión y una reducción del 25 % en los homicidios al compararse con los últimos tres años.
Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, anunció que solicitará, junto con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Gobernación, la posibilidad de presentar información oficial ante la Embajada de Estados Unidos para exponer el contexto real de los municipios incluidos en la alerta.
El mandatario insistió en que los episodios de violencia registrados corresponden principalmente a confrontaciones entre organizaciones criminales y no deben interpretarse como una situación de riesgo general para toda la comunidad.
Tras conocerse la decisión de Washington, autoridades departamentales, alcaldes, Policía y organismos de seguridad realizaron un Consejo de Seguridad Intermunicipal enfocado en Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabanagrande.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el fortalecimiento de patrullajes, operativos especiales y controles en puntos estratégicos, además de la instalación de puestos de control en accesos viales y salidas de municipios para dificultar la movilidad de estructuras delincuenciales.
Las autoridades también confirmaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables de recientes hechos criminales y reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que facilite capturas y judicializaciones.
Otro de los puntos expuestos por la Gobernación tiene que ver con el papel de los centros penitenciarios en la dinámica criminal. Según Luque, una proporción significativa de homicidios y extorsiones que afectaron al Atlántico habría sido coordinada desde establecimientos carcelarios del país.
De acuerdo con las autoridades, organizaciones delictivas estarían utilizando prisiones como centros de operación para ordenar asesinatos, cobros extorsivos y otras actividades ilegales, motivo por el cual insistieron en la necesidad de fortalecer los controles penitenciarios.
El Departamento de Estado justificó la advertencia argumentando un aumento de delitos violentos en varios municipios del Atlántico. Como parte de las medidas adoptadas, también informó el retiro temporal de algunos funcionarios estadounidenses de las zonas incluidas en la recomendación.
Además de evitar desplazamientos hacia estos municipios, el gobierno norteamericano sugirió a sus ciudadanos extremar medidas de precaución, mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad y seguir las orientaciones de las autoridades locales.
Mientras continúa la controversia, las autoridades atlanticenses insisten en que la realidad de estos municipios no puede resumirse únicamente a los hechos de violencia y aseguran que seguirán trabajando para fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de residentes y visitantes.
