La iniciativa de restauración continúa en fase preoperativa mientras avanza la elaboración de estudios ambientales. Expertos consideran que destrabar el proyecto permitiría fortalecer la protección frente a inundaciones, la navegabilidad y la recuperación ambiental de la región.
Un proyecto estratégico para el Caribe vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. La restauración del Canal del Dique, una obra que impactará directamente a Atlántico, Bolívar y Sucre, cobró nuevo protagonismo luego de que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunciara su intención de impulsar la ejecución de los trabajos una vez asuma el Gobierno.
Aunque el anuncio abrió nuevamente el debate sobre el futuro de la iniciativa, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró que el contrato sigue en marcha y que actualmente se desarrolla la denominada Unidad Funcional 0, una etapa previa a la construcción que incluye estudios, diseños, mantenimiento y la preparación técnica necesaria para iniciar las obras principales.
Según explicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, el proyecto no ha estado suspendido y las actividades previstas se han ejecutado conforme al cronograma establecido para esta fase, cuya duración es de 45 meses. Además, indicó que ya se completó el 65 % del Estudio de Impacto Ambiental exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), requisito indispensable antes de pasar a la etapa constructiva.
Una vez se obtenga la licencia ambiental, la ejecución contempla 51 meses de obras. Entre las intervenciones más importantes figuran la construcción de complejos de esclusas y compuertas en Calamar y Puerto Badel, además de 34 obras complementarias distribuidas en distintos puntos del área de influencia del Canal del Dique.
La ANI también destacó que, mientras avanza el proceso técnico, se mantienen acciones de acompañamiento para las comunidades ribereñas. Entre ellas se incluyen más de 300 servicios de asistencia a usuarios y la operación permanente de dos ambulancias fluviales equipadas para atender emergencias a lo largo de la hidrovía.
Desde el sector técnico consideran que la ejecución de esta iniciativa representa una oportunidad para transformar la región Caribe.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Ismael Quintero, señaló que la restauración del Canal del Dique tendrá efectos positivos en aspectos ambientales, hidráulicos y de transporte fluvial, aunque reconoció que algunos componentes del proyecto aún pueden perfeccionarse.
A su juicio, las observaciones técnicas pendientes no deberían retrasar el inicio de las obras, ya que la región necesita avanzar en una intervención que contribuya a reducir el riesgo de inundaciones y mejore el funcionamiento del sistema hídrico.
No obstante, Quintero precisó que todavía es conveniente revisar algunos aspectos relacionados con el comportamiento del río Magdalena y el impacto que determinadas estructuras podrían tener sobre la navegación y la dinámica del cauce principal. Pese a ello, insistió en que estos análisis pueden desarrollarse sin frenar el avance del proyecto.
Asimismo, reiteró la disposición de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico para aportar conocimiento técnico durante el desarrollo de la obra y contribuir a que las decisiones se adopten con criterios de sostenibilidad e ingeniería.
El especialista en gestión ambiental Néstor Escorcia también respaldó la intención de acelerar la restauración del Canal del Dique y afirmó que mayores inversiones en esta infraestructura representarían un impulso para el desarrollo económico y social del Caribe.
Según explicó, el proyecto busca mucho más que mejorar la navegabilidad. También contempla la recuperación de ecosistemas, el fortalecimiento de la actividad pesquera, inversiones sociales para las comunidades y acciones dirigidas a mejorar las condiciones ambientales de la zona.
Escorcia reconoció que, como ocurre con cualquier gran proyecto de infraestructura, durante la construcción podrían presentarse impactos ambientales. Sin embargo, señaló que estos deben ser controlados mediante los planes de manejo establecidos, con el objetivo de garantizar que los beneficios de largo plazo superen los efectos temporales de la ejecución de las obras.
