La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación por la falta de resultados estructurales en la intervención administrativa de Air-e, luego de 19 meses bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El ente de control señaló que, hasta el momento, no se evidencian avances claros que permitan garantizar la estabilidad financiera y operativa de la empresa encargada de la comercialización y distribución de energía en la región Caribe.
Por esta razón, la Procuraduría solicitó explicaciones tanto a la SSPD como a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, sobre las decisiones tomadas durante el proceso y los resultados alcanzados en materia administrativa, financiera y operativa.
Uno de los puntos que más inquieta al Ministerio Público es la ausencia de estados financieros completamente verificados, así como la falta de publicación de informes de auditoría. Además, advirtió sobre el crecimiento constante del pasivo de la compañía y las presuntas irregularidades contractuales que han sido conocidas públicamente.
El organismo también alertó que la alta rotación de interventores —cinco desde el inicio de la medida— estaría afectando la continuidad de los procesos y el seguimiento técnico y documental de la intervención.
Ante este panorama, la Procuraduría pidió a la Superintendencia presentar una hoja de ruta actualizada para definir el futuro de Air-e y explicar cómo se han realizado los procesos de empalme entre las distintas administraciones.
Asimismo, exigió a la empresa entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, detallar los contratos superiores a 500 millones de pesos y presentar un plan concreto para atender las obligaciones económicas acumuladas con el mercado.
Procuraduría advierte falta de avances estructurales en intervención de Air-e
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