Líderes sociales del Atlántico sostienen que el Gobierno debe demostrar, con estudios técnicos y financieros, la necesidad de mantener las estaciones de recaudo cuando Invías reciba oficialmente el corredor el próximo 21 de julio.
El inminente traspaso del corredor vial Cartagena-Barranquilla al Instituto Nacional de Vías (Invías) volvió a encender el debate sobre el futuro de los peajes instalados en esta carretera. A menos de dos semanas de que concluya la concesión de Autopistas del Caribe, organizaciones ciudadanas insisten en que el recaudo debería suspenderse mientras el Gobierno define si existen razones para mantenerlo.
La entrega oficial de la infraestructura está programada para el 21 de julio, fecha en la que Invías asumirá la administración del corredor junto con las seis estaciones de peaje que actualmente funcionan en la vía.
Los líderes sociales aseguran que, pese a que el proceso de reversión lleva varios meses en marcha, todavía no se conocen los estudios técnicos o financieros que expliquen por qué los peajes deben continuar operando, especialmente las dos casetas ubicadas en territorio del Atlántico.
Rubén Llanos, vocero del Comité Antipeajes, manifestó que las comunidades siguen sin recibir una respuesta oficial sobre el destino de estas estaciones de cobro. Según afirmó, actualmente no existe un proyecto de infraestructura que justifique mantener el recaudo.
El dirigente también pidió a los habitantes permanecer atentos al desarrollo de la situación y advirtió que, si las autoridades continúan sin presentar los soportes técnicos correspondientes, podrían retomarse las movilizaciones ciudadanas en rechazo a los peajes.
A esta petición se sumó Wilmer Barandica, líder del movimiento contra el peaje de Baranoa, quien explicó que la principal conclusión de los encuentros recientes con las autoridades fue la necesidad de que el Gobierno haga públicos los estudios que respalden la permanencia de las estaciones.
Mientras esa información no sea presentada, la solicitud de las comunidades es suspender el cobro.
Barandica añadió que, si finalmente no existen argumentos técnicos para mantener los peajes, los habitantes pedirán su desmonte definitivo o, como alternativa temporal, la aplicación de un esquema similar al implementado en Papiros y Turbaco, donde los vehículos de las categorías 1 y 2 están exentos del pago.
Aunque el debate continúa, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya había señalado anteriormente que el proceso de reversión de la concesión no implica, por sí solo, la eliminación de los peajes ni modificaciones inmediatas en las tarifas.
En su momento, el presidente de la entidad, Óscar Torres, explicó que durante la transición el concesionario seguiría encargado de la operación, el mantenimiento del corredor y el recaudo en las seis estaciones, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.
Ahora, con la llegada de Invías a la administración del corredor, las comunidades esperan que el Gobierno defina si el esquema de peajes continuará bajo las mismas condiciones o si habrá cambios en beneficio de los usuarios.
