Héctor Orlando Bastidas Bravo es investigado por su presunta participación en los homicidios de dos firmantes de paz ocurridos en Caquetá en 2020.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos contra Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Bonito’ o ‘Boni’, señalado como presunto segundo cabecilla de los ‘Comandos de Frontera’, una estructura de las disidencias de las FARC con presencia en varios departamentos del sur del país y en la zona fronteriza con Ecuador.
De acuerdo con la investigación, Bastidas Bravo tendría bajo su mando a cerca de 100 integrantes de la organización y, presuntamente, impartiría órdenes relacionadas con amenazas, desplazamientos forzados, acciones de constreñimiento y homicidios selectivos.
Las autoridades señalan que estas acciones estarían dirigidas a fortalecer el control territorial, apoderarse de la pasta base de coca y dominar las rutas utilizadas para el narcotráfico en la región.
Entre los hechos atribuidos a alias ‘Bonito’ se encuentran los homicidios de dos firmantes de paz ocurridos en Caquetá durante 2020.
El primer caso corresponde a Luis Alberto Laguna, asesinado el 2 de octubre de ese año en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso. Según la investigación, hombres armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y posteriormente le dispararon.
El segundo hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2020 y tuvo como víctima a Jorge Riaño Ramos. La Fiscalía señala que integrantes de los ‘Comandos de Frontera’ llegaron hasta su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia, y lo atacaron con armas de fuego.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Bastidas Bravo no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
El señalado cabecilla permanece privado de la libertad desde agosto pasado, cuando fue capturado en zona rural de Guamal, Meta. En ese momento fue judicializado por su presunta responsabilidad en hechos criminales contra líderes sociales y firmantes de paz en Putumayo.
La captura fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.
