El Ministerio de Transporte anunció una evaluación nacional de los sistemas de fotodetección. En el Atlántico operan 43 cámaras, siete de ellas en el corredor Barranquilla-Cartagena.
La controversia por las cámaras de fotodetección de la Vía al Mar terminó convirtiéndose en una discusión de alcance nacional. El Ministerio de Transporte anunció una revisión de estos dispositivos en todo Colombia, mientras desde distintos departamentos aumentan los cuestionamientos sobre su ubicación, funcionamiento y posible impacto en la movilidad.
La decisión se produjo después de que el Instituto de Tránsito del Atlántico anunciara la incorporación de tres nuevos puntos de fotodetección en el corredor entre Barranquilla y Cartagena: dos equipos nuevos y el traslado de una cámara móvil a una ubicación fija.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ordenó inicialmente frenar la entrada en funcionamiento de estos dispositivos y posteriormente confirmó que se realizará una revisión integral en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes.
El objetivo será determinar si cada sistema cuenta con las autorizaciones correspondientes y si su instalación está respaldada por criterios técnicos y jurídicos.
Entre los aspectos que serán analizados están los niveles de accidentalidad, los límites de velocidad, la señalización y las características de cada corredor vial. También se estudia la posibilidad de establecer reglas más estrictas para la instalación de nuevas cámaras.
La polémica en el Atlántico se intensificó luego de que se conociera que el corredor tendría nuevos dispositivos.
Una de las cámaras será ubicada de manera permanente en el sector de Comfamiliar, a la altura de Turipaná, donde el límite establecido es de 50 kilómetros por hora.
Otra fue instalada en inmediaciones del Sombrero Vueltiao, en el corregimiento de Santa Verónica, Juan de Acosta, con una velocidad máxima de 40 km/h.
Carlos Mafio Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, explicó que estos equipos tienen funciones adicionales relacionadas con seguridad, como la identificación de vehículos robados o posiblemente clonados, además del control de velocidad.
Sin embargo, el anuncio generó críticas entre conductores, residentes, gremios y representantes del sector turístico, quienes cuestionaron la cantidad de cámaras existentes en el corredor.
La revisión nacional anunciada por el Ministerio también abrió la puerta para que se expongan casos similares en otras carreteras.
El senador Pedro Flórez señaló que existen nuevos dispositivos en ciudades como Bogotá y Valledupar, mientras la Superintendencia de Transporte investiga posibles irregularidades relacionadas con sistemas de fotodetección de 12 organismos de tránsito, entre ellos los de Valledupar y Fundación.
El congresista aseguró además que impulsa el proyecto de ley 037 de 2026 del Senado, con el que pretende modificar las reglas que rigen la fotodetección en Colombia y establecer mayores controles técnicos y garantías para los ciudadanos.
En Magdalena también aparecieron reclamos.
Luis Mario Ospino pidió revisar las cámaras instaladas en la vía Oriental entre Barranquilla y Suan, donde, según denunció, existen ocho dispositivos en un tramo de 74 kilómetros.
Otro conductor, Manuel Jiménez, cuestionó las cámaras ubicadas entre Fundación y Ciénaga. Según su relato, existen cuatro dispositivos móviles en ese trayecto y uno de ellos, ubicado en Río Frío, suele permanecer entre la vegetación.
A su juicio, las reducciones de velocidad en estos puntos pueden provocar largas filas de vehículos, especialmente durante fines de semana y puentes festivos.
El exalcalde de Santa Marta Juan Pablo Díazgranados también pidió revisar el corredor entre Fundación y Santa Marta, al considerar que la cantidad y distribución de las cámaras estaría afectando la movilidad.
La discusión también puso sobre la mesa los requisitos que deben cumplir estos sistemas.
Una cámara de fotodetección no es válida simplemente por estar instalada en una carretera. El dispositivo debe contar con la autorización correspondiente, cumplir las condiciones técnicas exigidas y generar evidencia suficiente para demostrar la infracción.
Además, el procedimiento debe respetar las garantías establecidas para informar al propietario del vehículo y adelantar el proceso correspondiente.
Expertos en movilidad consideran que la ubicación de estos equipos debe estar sustentada en estudios técnicos que demuestren que realmente son necesarios para reducir la accidentalidad.
El ingeniero civil y especialista en movilidad Víctor Cabarcas planteó que antes de instalar una cámara deberían evaluarse otras herramientas, como una mejor señalización, infraestructura para reducir la velocidad y diferentes mecanismos de control.
También cuestionó el uso de cámaras móviles cuando el conductor no tiene suficiente información sobre la proximidad de una zona de detección.
Para el asesor en movilidad y seguridad vial Isidro Ruiz, el problema aparece cuando la fotodetección deja de ser entendida como una herramienta preventiva y comienza a asociarse principalmente con el cobro de multas.
Ruiz también cuestionó algunos puntos de la Vía al Mar, entre ellos Playa Mendoza, donde considera que existen problemas de diseño y circulación que pueden favorecer maniobras indebidas.
Otro de los debates está relacionado con los cambios de velocidad.
Los especialistas señalan que un conductor que circula a velocidades cercanas a los 100 km/h no debería encontrarse de manera abrupta con un límite de 30 km/h. La reducción, explican, debería producirse progresivamente, con límites intermedios que permitan disminuir la velocidad de forma segura.
Según Ruiz, las distintas reducciones establecidas en la Vía al Mar pueden añadir entre 20 y 30 minutos al recorrido hacia Cartagena, dependiendo del tráfico.
El experto también advirtió que la política de seguridad vial no debería concentrarse exclusivamente en las carreteras principales. Aseguró que una proporción importante de las muertes en el Atlántico ocurre dentro de los municipios y está relacionada con motocicletas.
Porfirio Ospino, también experto en movilidad, recordó que aunque en carreteras nacionales el límite puede alcanzar los 90 km/h, las autoridades territoriales pueden establecer velocidades menores cuando existan estudios que respalden esa decisión.
Los datos de la ANSV muestran que actualmente funcionan 43 cámaras de fotodetección en el departamento del Atlántico.
De ese total, siete están instaladas en la Vía al Mar.
La distribución conocida del corredor es la siguiente:
- Entre la primera y segunda cámara hay aproximadamente 12 kilómetros, unos 12 minutos de recorrido.
- La segunda y tercera están separadas por 17 kilómetros, cerca de 15 minutos.
- Entre la tercera y cuarta hay 5,2 kilómetros, alrededor de seis minutos.
- La cuarta y quinta se encuentran a solo 3,7 kilómetros.
- La quinta y sexta están separadas por aproximadamente 6,2 kilómetros.
- Entre la sexta y séptima existen 11,6 kilómetros, con un recorrido estimado de nueve minutos.
Estas distancias son precisamente uno de los elementos que deberán ser analizados dentro de la revisión anunciada por el Gobierno.
Durante el debate también surgió una propuesta para modificar la manera en que funcionan los sistemas de detección.
La idea consiste en que las cámaras no se limiten a capturar una fotografía, sino que registren varios segundos de video. Con ello se tendría un contexto más completo de lo ocurrido antes y después de una presunta infracción.
La medida podría ser especialmente útil en situaciones en las que varios vehículos circulan simultáneamente. Por ejemplo, se ha planteado el caso de una motocicleta que adelanta a un automóvil justo cuando se activa el sistema y termina generando una evidencia que involucra al vehículo equivocado.
Los especialistas consideran que este tipo de asuntos debería discutirse en mesas técnicas con participación de ingenieros, autoridades de tránsito, la ANI, la ANSV y los concesionarios viales.
Otro de los puntos que alimenta la discusión es la distribución de los recursos obtenidos mediante el sistema.
De acuerdo con el esquema financiero señalado para esta concesión, del dinero recaudado por las fotodetecciones:
- 38 % corresponde a la Unión Temporal.
- 45 % queda en el Instituto de Tránsito.
- 10 % corresponde al Simit.
- 7 % se destina a la firma interventora.
La revisión anunciada por el Ministerio de Transporte buscará establecer si las cámaras existentes cumplen realmente una función de seguridad vial y si su ubicación responde a necesidades demostrables.
Así, lo que comenzó como una disputa por tres cámaras en la Vía al Mar terminó abriendo un debate mucho más amplio sobre los límites entre prevención, control de tránsito, movilidad y recaudo en las carreteras colombianas.
