El Gobierno Nacional anunció la destinación de $1,5 billones para el sector energético, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de energía y atender los problemas de liquidez que enfrenta la cadena eléctrica.
Los recursos, destinados a lo que resta de 2026, serán utilizados principalmente para el pago de la deuda corriente con los generadores térmicos, además de los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3.
Como primera medida, el Ejecutivo anunció que en los próximos días se realizará un giro de $300.000 millones como parte del pago de la deuda corriente.
La situación financiera del sistema eléctrico se ha complicado por dificultades estructurales en la cadena de pagos entre generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. A esto se suma la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, que ha reducido los aportes hídricos y obligado a incrementar la generación térmica, cuyos costos de operación son más elevados.
Según XM, los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76 % de la media histórica en mayo y junio y cerca del 80 % en julio, lo que ha disminuido la disponibilidad de generación hidroeléctrica.
Tres medidas para fortalecer el sistema
Como parte del denominado Plan Energía YA, el Gobierno planteó además tres líneas de acción para mejorar la sostenibilidad financiera del sector.
La primera busca fortalecer los contratos de largo plazo, con el objetivo de reducir la exposición al mercado en bolsa y disminuir las variaciones en los precios de la energía para los usuarios.
La segunda contempla una optimización de la estructura tarifaria, mientras que la tercera plantea diseñar en los próximos meses un plan de mejoramiento integral para la prestación del servicio en la región Caribe, enfocado en la gestión, el desempeño y la gobernanza de las empresas prestadoras.
El Gobierno también anunció que trabajará de manera articulada con gobernaciones y alcaldías para promover el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades estatales.
Las medidas requerirán además la participación de entidades como la CREG, la UPME y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de establecer la regulación necesaria para implementar las soluciones estructurales al sistema eléctrico.
