El informe del Igac advierte impactos fiscales, urbanísticos y sociales si cambia la jurisdicción de la zona. La propuesta también abre la puerta a una gestión metropolitana que supere la disputa por los límites.
El futuro del Corredor Universitario podría ir mucho más allá de decidir qué municipio aparece en el mapa. La definición de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia puede modificar ingresos tributarios, planificación urbana, prestación de servicios y hasta la manera en que se administran proyectos estratégicos de la zona.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) puso sobre la mesa estos factores en el informe técnico entregado a las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, que ahora deberán estudiar la propuesta antes de tomar una decisión sobre la delimitación definitiva.
La controversia se concentra especialmente en las más de 1.402 hectáreas asociadas al Corredor Universitario y sectores como Villa Campestre, donde durante años se han mezclado dinámicas económicas y sociales de ambos territorios.
Uno de los principales efectos señalados por el estudio está relacionado con las finanzas públicas.
El Corredor Universitario concentra universidades, comercios, proyectos residenciales, establecimientos empresariales y otras actividades que generan ingresos tributarios. Si una parte importante de este territorio pasa a estar bajo jurisdicción de Barranquilla, Puerto Colombia podría perder una fuente considerable de recursos.
Según estimaciones previamente divulgadas, sin el Corredor Universitario el municipio podría dejar de recibir alrededor del 55 % de sus ingresos, situación que incluso tendría consecuencias sobre su clasificación administrativa y fiscal, al quedar como municipio de sexta categoría.
Barranquilla, por el contrario, incorporaría a su base tributaria los ingresos derivados del impuesto predial y del impuesto de Industria y Comercio asociados a las actividades que actualmente se desarrollan en esos sectores.
Ese cambio supondría una mayor capacidad de recaudo para el Distrito, aunque también implicaría asumir nuevas responsabilidades administrativas sobre el territorio.
La discusión no se limita a los números.
El Igac consideró que cualquier definición territorial debe tener en cuenta cómo funcionan realmente las comunidades. En el caso de sectores como Villa Campestre, numerosos residentes mantienen sus actividades laborales, educativas, comerciales y de servicios vinculadas diariamente con Barranquilla, aunque la jurisdicción administrativa haya sido objeto de disputa.
La situación incluso ha generado una expresión particular del conflicto entre los habitantes.
En algunos momentos, residentes han utilizado banderas de Barranquilla o de Puerto Colombia para manifestar públicamente su posición sobre cuál debería ser la autoridad encargada de administrar el sector.
Las diferencias también han estado relacionadas con reclamos sobre la prestación de servicios y la atención de las necesidades de estas comunidades.
Para el Igac, factores como la movilidad cotidiana, el acceso a servicios públicos, el uso de infraestructura, los vínculos laborales y las relaciones económicas deben formar parte del análisis y no quedar subordinados exclusivamente a una línea trazada sobre el territorio.
Una de las alternativas que aparece en el análisis es reforzar la coordinación desde el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).
La idea consiste en que determinados asuntos del Corredor Universitario puedan ser abordados mediante mecanismos de gobernanza metropolitana, independientemente de cuál sea finalmente el municipio al que pertenezcan los diferentes sectores.
Con este enfoque, temas como movilidad, infraestructura, servicios y planificación urbana podrían manejarse de manera coordinada entre las entidades territoriales.
El planteamiento busca evitar que una nueva delimitación termine fragmentando una zona que, en la práctica, funciona como un espacio integrado.
La propuesta técnica del Igac fue construida a partir de puntos cartográficos y coordenadas que permiten establecer una eventual línea divisoria.
Dentro de la zona que quedaría bajo jurisdicción de Barranquilla aparecen:
- Villa Campestre.
- Colegio Británico Americano.
- Jardines de la Eternidad.
- Jardines del Recuerdo.
- Universidad Libre.
- Universidad del Atlántico.
- Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
Por su parte, el territorio que continuaría vinculado a Puerto Colombia incluiría referencias como:
- Estación Papiros.
- Lago del Cisne.
- Antena de Radio Minuto.
- Colegio Altamira.
La definición final, sin embargo, todavía no está tomada. El informe del Igac constituye un insumo técnico para las comisiones del Congreso encargadas de estudiar el diferendo.
Otro punto relevante es qué ocurrirá con las obras y proyectos que atraviesan o tienen influencia sobre el territorio en disputa.
El estudio advierte que la discusión administrativa no debería afectar iniciativas de importancia regional y nacional que ya cuentan con procesos de planificación o licenciamiento.
Entre ellas están las obras de estabilización y recuperación ambiental de las playas del Country, la profundización del canal de acceso al puerto de Barranquilla, las concesiones viales y diferentes redes de distribución de energía y gas.
El reto, por tanto, será garantizar que estos proyectos mantengan su operación y planificación independientemente de cuál sea la frontera que finalmente establezca el Congreso.
La disputa entre Barranquilla y Puerto Colombia entra así en una etapa decisiva: ya no se trata solamente de determinar dónde termina un municipio y comienza el otro, sino de establecer cómo se administrará un corredor que concentra población, universidades, viviendas, comercio, infraestructura y actividades económicas con una fuerte conexión metropolitana.
