La jueza Jeannette Vargas consideró que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias al aplicar la medida, que también afectaba a ciudadanos colombianos.
Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países que había sido implementada por el Gobierno del presidente Donald Trump.
La decisión fue tomada por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien determinó que la medida impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, era “manifiestamente ilegal” y excedía las competencias legales de la administración.
En una sentencia de 61 páginas, la magistrada cuestionó el argumento del Gobierno según el cual los ciudadanos de los países incluidos en la medida representaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
Según el fallo, funcionarios estadounidenses habían recibido instrucciones de negar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos migratorios y que probablemente podían mantenerse económicamente por sus propios medios. Esto, señaló Vargas, contravenía las normas que exigen analizar cada solicitud de manera individual.
Entre los países afectados figuraban Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de naciones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El caso involucró, entre otros demandantes, a cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visa fueron rechazadas con base en la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron afectaciones a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
El fallo no solo deja sin efecto la suspensión, sino que también ordena revocar las negativas de visa que hayan sido sustentadas exclusivamente en esta medida, lo que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calificaron la decisión como una victoria para las familias afectadas. Joanna Cuevas Ingram, del National Immigration Law Center, sostuvo que el tribunal dejó claro que las leyes migratorias no pueden utilizarse para justificar actos discriminatorios.
Por ahora, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no se han pronunciado públicamente sobre la decisión judicial.
