El Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregó al Congreso un estudio de casi 432 páginas con la línea cartográfica propuesta para resolver el conflicto territorial con Puerto Colombia. La decisión definitiva estará en manos de las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara.
El prolongado conflicto por los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia entró en una nueva etapa y uno de los cambios que plantea el estudio técnico podría modificar la jurisdicción de sectores estratégicos del llamado Corredor Universitario.
Después de seis meses de trabajo de campo, análisis documental y revisión cartográfica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) entregó al Congreso su propuesta para establecer la frontera entre los dos municipios.
El estudio abarca la disputa por aproximadamente 1.402 hectáreas y no determina directamente, mediante nombres de barrios o sectores, qué municipio debe quedarse con cada zona. En su lugar, construye el límite a partir de cerca de 15 puntos cartográficos y sus respectivas coordenadas.
Al unir estos puntos se obtiene la línea que, de ser aprobada, determinaría la jurisdicción de Barranquilla y Puerto Colombia.
Aunque el Igac no utiliza una asignación directa de sectores como método principal, la línea propuesta permite identificar varias zonas que quedarían dentro de Barranquilla.
Entre ellas aparecen:
- Villa Campestre.
- Colegio Británico Americano.
- Jardines de la Eternidad.
- Jardines del Recuerdo.
- Universidad Libre.
- Universidad del Atlántico.
- Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
Del lado de Puerto Colombia quedarían referencias como la estación Papiros, el lago del Cisne, la antena de Radio Minuto y el colegio Altamira.
Para establecer la línea, el Igac tomó como referencias diferentes elementos geográficos y territoriales, entre ellos la Ladrillera Tocagua, en el corregimiento de Juan Mina; sectores de Arroyo Grande y El Pelú, la Finca Casablanca y parte del arroyo León, cerca del corregimiento de La Playa.
El informe advierte que resolver el límite no ha sido sencillo debido a la ausencia histórica de una delimitación precisa.
El Igac encontró referencias normativas ambiguas, modificaciones sucesivas de las jurisdicciones y términos utilizados de manera poco uniforme en documentos anteriores.
Entre los antecedentes analizados aparece la Ordenanza 30 de 1913 y la falta de una definición concluyente de los límites en 1931.
Por estas razones, el instituto considera que la disputa actual no surgió recientemente, sino que tiene raíces en una delimitación territorial que quedó sin resolver de manera definitiva.
El documento también señala que la utilización de referencias geográficas demasiado generales dificultó construir durante años una frontera jurídicamente estable.
Durante el proceso de deslinde participaron diferentes entidades y autoridades. La Procuraduría y el Ministerio del Interior conocieron el contenido del estudio y no formularon observaciones frente al procedimiento antes de que el documento fuera enviado al Congreso.
También fueron convocados representantes de Galapa y Tubará, debido a que una eventual modificación de los límites podría tener efectos sobre sus territorios.
Sin embargo, ninguno de los dos municipios asistió a las audiencias de deslinde, según quedó registrado en el informe.
El documento del Igac no constituye todavía la decisión definitiva.
Ahora serán las Comisiones de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado y la Cámara de Representantes las encargadas de analizar la propuesta y definir el límite oficial entre Barranquilla y Puerto Colombia.
El proceso podría extenderse entre seis y nueve meses, teniendo en cuenta la complejidad del conflicto y el volumen de información técnica que deberá ser revisada.
Las comisiones podrán solicitar nuevos conceptos y apoyo técnico de entidades del Gobierno, incluido el propio Igac, antes de adoptar una determinación.
Según información conocida sobre el proceso, la primera reunión conjunta de las comisiones podría realizarse la próxima semana para comenzar a revisar las inquietudes que dejó el estudio.
El senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, sostuvo que el conflicto no debería prolongarse indefinidamente entre procesos judiciales y nuevas discusiones sobre la jurisdicción.
El congresista señaló que el objetivo debe ser brindar certeza tanto a Barranquilla como a Puerto Colombia sobre dónde comienza y termina cada territorio.
Meisel también destacó que la propuesta elaborada por el Igac recoge elementos de las posiciones defendidas por ambos municipios.
Ahora la decisión estará en manos del Congreso, que deberá convertir el extenso análisis técnico en una definición territorial que ponga fin a una disputa que lleva décadas sin una frontera plenamente consolidada.
