Francisco Pizarro Guerra solicitó dejar sin efecto la resolución que le entregó gratuitamente el predio en 2017, mientras la Alcaldía busca recuperar el terreno por considerar que debía destinarse al espacio público.
Un lote ubicado sobre la Vía al Mar, en Puerto Colombia, vuelve a estar en el centro de una disputa jurídica. Esta vez, el particular que recibió gratuitamente el inmueble pidió al propio municipio revocar la resolución que le concedió el terreno y cancelar las consecuencias administrativas y registrales de aquella decisión.
Se trata de un predio de 5.082 metros cuadrados, identificado con la matrícula inmobiliaria 040-477286, que originalmente estaba destinado a convertirse en una zona verde para el municipio.
Francisco Pizarro Guerra, beneficiario de la cesión realizada durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, presentó formalmente ante la Alcaldía su solicitud de revocatoria directa de la Resolución 2017-09-11-049 del 9 de noviembre de 2017.
La petición contempla que se deje sin efecto integralmente el acto administrativo y todas las medidas que se derivaron de él, incluida la cesión gratuita del inmueble y las anotaciones realizadas en el registro.
En su solicitud, Pizarro Guerra sostiene que la situación del inmueble se ha prolongado debido a diferentes actuaciones de la administración que, según afirma, han generado incertidumbre sobre la titularidad y el futuro del predio.
Por esa razón, plantea que la revocatoria permitiría aclarar la situación jurídica del lote y facilitar la depuración de su folio inmobiliario.
La decisión solicitada tendría efectos sobre las distintas condiciones establecidas en la resolución de 2017, entre ellas la cesión gratuita, las restricciones para vender el inmueble, la condición resolutoria, las instrucciones registrales, el derecho de preferencia y la afectación a vivienda familiar.
El documento presentado ante el municipio señala que la intención es contribuir a una definición definitiva sobre el terreno y evitar que continúe la controversia institucional alrededor de su propiedad y destinación.
El origen del caso se remonta a una operación urbanística realizada años atrás.
Según explicó Horacio Brieva, director de ProTransparencia, en 2011 Cementos Argos dividió el denominado lote Pajonal, un terreno de aproximadamente 221 hectáreas ubicado en la entrada de Puerto Colombia.
La licencia expedida por la Secretaría de Desarrollo Territorial estableció entonces la división de una parte del terreno en dos lotes con diferentes destinos.
Uno tendría una extensión de 28.296 metros cuadrados y permanecería para uso de la cementera. El segundo, de 5.082 metros cuadrados, debía ser destinado como zona verde del municipio.
Sin embargo, seis años después, la administración municipal expidió la Resolución 049 y entregó gratuitamente este último terreno a Pizarro Guerra.
El acto contemplaba condiciones específicas para el beneficiario. Entre ellas estaba la prohibición de transferir el inmueble y la obligación de mantener determinadas condiciones de residencia durante los cinco años posteriores. El incumplimiento podía activar una condición resolutoria.
Pizarro fue notificado de la resolución el 13 de noviembre de 2017 y tuvo la posibilidad de interponer un recurso de reposición.
La controversia tomó un nuevo rumbo en 2024, cuando la administración municipal cuestionó la destinación que había tenido el terreno.
Desde el municipio se sostuvo que el lote hacía parte de una obligación asociada a la plusvalía generada por actuaciones urbanísticas y que, por tanto, debía preservarse su finalidad de beneficio colectivo.
La Alcaldía manifestó entonces su intención de proteger la destinación pública del inmueble y solicitó que se cancelaran las anotaciones registrales que aparecían a nombre del particular.
Ahora, la solicitud presentada por el propio beneficiario introduce un nuevo elemento en el proceso: Pizarro Guerra está pidiendo que el municipio revoque la resolución que le otorgó el predio, una actuación que podría facilitar la definición administrativa y registral del terreno.
El futuro de los 5.082 metros cuadrados dependerá ahora de la respuesta que entregue la Alcaldía de Puerto Colombia y de las actuaciones necesarias para determinar oficialmente la situación jurídica del inmueble.
