Una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico reconfigura temporalmente la dirección de la institución, mientras crecen las versiones sobre posibles cambios administrativos con la llegada del nuevo Gobierno.
La situación de la Universidad del Atlántico vuelve a ubicarse en el centro del debate. A pocos días del cambio de gobierno nacional, un fallo judicial y los rumores sobre una eventual modificación en la rectoría han generado un nuevo escenario para una institución que permanece bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación.
El hecho más reciente corresponde a una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó suspender provisionalmente los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio intervino la universidad, apartó del cargo al rector elegido, Leyton Barrios, y adoptó medidas derivadas de ese proceso. Como consecuencia, el fallo abre la puerta para que Barrios sea reintegrado de manera temporal mientras avanza el litigio.
La determinación revocó una decisión previa del Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, que había rechazado la solicitud de una medida cautelar presentada dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Barrios. Aunque el proceso judicial continúa y aún no existe una decisión definitiva sobre el fondo del caso, el panorama administrativo cambia de forma provisional.
En su análisis, el Tribunal concluyó que existen elementos suficientes para revisar si el Ministerio de Educación justificó adecuadamente la intervención de la Universidad del Atlántico y si la suspensión del rector cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 1740 de 2014.
Tras conocerse el fallo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que el Consejo Superior solicitará una aclaración judicial para definir cómo debe aplicarse la decisión frente a los acontecimientos ocurridos durante el proceso de intervención.
Según el mandatario, la prioridad es establecer el verdadero alcance de la providencia y determinar si el reintegro de Leyton Barrios debe ejecutarse de manera inmediata o si existen aspectos que requieren interpretación jurídica antes de adoptar cualquier medida.
Verano recordó además que el Consejo Superior tiene programada una sesión para el próximo 23 de agosto, fecha en la que se espera tomar decisiones relacionadas con el futuro administrativo de la institución.
La controversia se desarrolla mientras continúa la vigilancia especial ejercida por el Ministerio de Educación sobre la universidad. En diciembre del año pasado, mediante la Resolución 024488, la cartera designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal de la institución en el marco de esa intervención.
Aunque el reciente fallo modifica temporalmente algunos efectos de las resoluciones ministeriales, el proceso administrativo aún no concluye y las decisiones definitivas dependerán tanto del avance de la demanda como de las actuaciones de las autoridades competentes.
Paralelamente al proceso judicial, dentro de la comunidad universitaria han aumentado las especulaciones sobre la posible llegada de un nuevo rector interventor, una decisión que estaría en manos del Gobierno que asumirá próximamente y del renovado Ministerio de Educación.
Eduardo Verano señaló que cualquier cambio dependerá de la posición que adopte la nueva administración nacional y de la conformación de los representantes del Gobierno dentro del Consejo Superior.
Entre los nombres que circulan como posibles candidatos aparecen Álvaro González, actual vicerrector de Regionalización; Julio Mejía, asesor de Educación de la Gobernación del Atlántico; y el docente Dalmiro García.
Consultado sobre estas versiones, González afirmó que no ha recibido acercamientos relacionados con una eventual designación y aseguró que continúa dedicado a sus responsabilidades como vicerrector. No obstante, indicó que estaría dispuesto a servir a la universidad si la comunidad académica lo considera necesario. Sobre una eventual salida del actual rector interventor durante agosto, prefirió no emitir comentarios.
En cuanto a Mejía y García, no fue posible conocer una posición oficial frente a las versiones que circulan.
Fuentes cercanas al funcionamiento de la universidad indican que Álvaro González mantiene reconocimiento entre estudiantes por su trabajo previo en Bienestar Universitario, mientras que Julio Mejía es conocido por su participación como delegado del gobernador ante el Consejo Superior. En el caso de Dalmiro García, destacan su trayectoria académica como profesor.
Sin embargo, también advierten que la situación institucional continúa siendo compleja debido a la coexistencia del proceso de intervención y del litigio relacionado con la suspensión de Leyton Barrios.
Por ahora, la atención está puesta en la reunión del Consejo Superior prevista para el 23 de agosto, una cita que podría definir el rumbo inmediato de la Universidad del Atlántico. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre quién dirigirá la institución y varios sectores consideran que cualquier decisión podría reactivar las tensiones políticas internas e incluso generar nuevas movilizaciones estudiantiles.
