Bogotá. El Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para agilizar la incorporación de predios al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral, continúa generando cuestionamientos desde distintos sectores, que advierten posibles riesgos jurídicos en su aplicación.
Las críticas se centran en las facultades otorgadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que, según los detractores de la medida, permiten acelerar el saneamiento de predios con situaciones jurídicas complejas y facilitar su incorporación al Fondo de Tierras.
Los cuestionamientos también hacen referencia a observaciones realizadas por la Contraloría sobre la compra de predios por parte de la ANT durante 2024 y 2025. Según esas críticas, algunos inmuebles adquiridos presentarían problemas relacionados con su situación jurídica, ubicación o productividad.
De acuerdo con los opositores al decreto, las nuevas disposiciones podrían incrementar el riesgo de litigios, conflictos por la propiedad, afectaciones a terceros y dificultades para la implementación de la reforma agraria si los procesos de saneamiento no se completan plenamente antes de la adjudicación de los predios.
Entre las disposiciones señaladas se encuentran mecanismos para agilizar el registro de los inmuebles y la posibilidad de adelantar la toma de posesión en determinadas circunstancias, medidas que, según sus críticos, requieren mayores garantías jurídicas.
Los sectores que cuestionan el decreto sostienen que una política de tierras debe garantizar que los predios entregados cuenten con plena seguridad jurídica, sean productivamente viables y ofrezcan sostenibilidad para las comunidades beneficiarias.
Hasta el momento, el Gobierno nacional ha defendido las medidas adoptadas como parte de la estrategia para acelerar la implementación de la reforma agraria y ampliar el acceso a la tierra para la población campesina.
