Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
El departamento del Atlántico se encuentra ante una coyuntura histórica: transformar su matriz productiva mediante la consolidación de un circuito turístico con proyección internacional, respaldado por su singular topografía. Desde esa perspectiva, se plantea conectar el Mirador de Tubará con la península de Puerto Velero a través de un teleférico, integrando la serranía y el litoral caribeño en un corredor de notable valor paisajístico y recreativo.
La ruta partiría de la cumbre de esta formación montañosa y avanzaría hacia la franja costera. Para superar los desniveles, sería necesario instalar torres de soporte que faciliten el desplazamiento de las cabinas. Atendiendo a las particularidades del relieve, el sistema funcionaría con una configuración monocable, de circulación continua y recorrido cerrado; cada unidad admitiría entre ocho y diez pasajeros sentados. Los parámetros definitivos se fijarán tras los estudios de ingeniería. Durante la travesía, los visitantes disfrutarían de vistas panorámicas de la vegetación y la inmensidad marina, mientras percibirían los aromas silvestres y sentirían la brisa salina del océano.
El contraste con referentes nacionales ayudaría a identificar alternativas financieras acordes con la magnitud de la obra, dado que un municipio con una base fiscal limitada difícilmente podría sufragar en solitario los costos de construcción, conservación y operación. Por esa razón, conviene revisar las experiencias de transporte por cable de Jericó, Jardín y Yarumal, en Antioquia, para extraer enseñanzas transferibles y determinar su pertinencia para el ámbito departamental.
No parece prudente extrapolar, sin una evaluación crítica, el modelo de gestión del Parque Nacional del Chicamocha (PANACHI), situado en Santander, cuyas condiciones institucionales y administrativas difieren de las del entorno atlanticense. A mi juicio, para proteger el erario, es razonable contemplar una Asociación Público-Privada (APP), con una concesión de 25 a 30 años, siempre que la viabilidad integral y el ordenamiento jurídico lo avalen. En tal supuesto, la firma adjudicataria asumiría las responsabilidades relativas a la inversión, el diseño y la ejecución que le sean asignadas contractualmente, a cambio de la remuneración pactada.
Al concluir el contrato, toda prórroga deberá justificarse y ajustarse a los límites legales. De no ser admisible, correspondería adelantar un nuevo proceso de selección, acompañado de salvaguardas estrictas de transparencia y rendición de cuentas, para impedir que la infraestructura termine subordinada a prácticas burocráticas, intereses particulares o dirigencias políticas incapaces de fortalecer la competitividad regional.
Los beneficios para la población se traducirían en oportunidades de negocio vinculadas a los servicios complementarios, además de los ingresos que en derecho correspondan a la entidad territorial. El funcionamiento de los parqueaderos y la oferta gastronómica contribuirían a dinamizar la economía local y robustecer el recaudo tributario, de acuerdo con la estructura adoptada. Asimismo, resulta apropiado articular mecanismos que favorezcan la contratación de residentes y habiliten espacios para que los artesanos de la etnia Mocaná comercialicen sus creaciones. En materia conmemorativa, se recomienda erigir un monumento en homenaje al fallecido literato tubareño Victoriano Lorenzo Coll Castro y a otras figuras representativas de la zona, con miras a preservar, exaltar y difundir la identidad cultural autóctona.
La comunidad espera que sus reclamos y planteamientos reciban atención seria, en lugar de quedar relegados por la indiferencia de la casta política. De ahí que el progreso colectivo requiera un esfuerzo mancomunado entre gobernantes y ciudadanía, ya que las decisiones públicas deben responder a las aspiraciones legítimas de la sociedad. Como reza el dicho popular, la voz del pueblo es la voz de Dios.
