Migración Colombia informó que entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026 realizó 5.965 actuaciones administrativas contra ciudadanos extranjeros, correspondientes a 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones, por infracciones a la normatividad migratoria o por representar riesgos para la seguridad nacional, el orden público y la convivencia ciudadana.
El balance fue presentado por la directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero López, como parte del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante.
“Al cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Migración Colombia registró 3.389 casos de deportaciones y 2.576 expulsiones de ciudadanos extranjeros. La Constitución y la ley son contundentes a la hora de garantizar la seguridad nacional y el orden público”, afirmó la funcionaria.
Según el informe, las principales causas de las deportaciones fueron la permanencia irregular en el país (1.380 casos), el ingreso o salida irregular (1.315), la obtención fraudulenta de visas o declaraciones falsas (227) y otras causales (467).
Las regionales con mayor número de deportaciones fueron Antioquia (542), Aeropuerto El Dorado (523), Nariño (509) y Atlántico (467).
En cuanto a las expulsiones, la entidad indicó que las principales razones estuvieron relacionadas con riesgos para la seguridad nacional, el orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol (1.274 casos), además del uso fraudulento de documentos, órdenes judiciales y el incumplimiento de sanciones migratorias.
Las oficinas de Migración Colombia con más expulsiones fueron el Aeropuerto El Dorado (585 casos), la Regional Andina (446), Oriente (385), San Andrés (286), Orinoquía (206) y Antioquia (200).
La mayoría de las medidas administrativas recayeron sobre ciudadanos de Venezuela, seguidos por nacionales de República Dominicana, China y Ecuador.
Migración Colombia explicó que, aunque ambas medidas implican la salida obligatoria del territorio nacional, la deportación conlleva una prohibición de ingreso que puede ir de seis meses a diez años, mientras que la expulsión implica una restricción mínima de cinco años y exige la obtención de una visa expedida por un consulado colombiano para regresar al país.
