Un exrepresentante estudiantil pidió la intervención de los organismos de control ante presuntas vinculaciones administrativas que, según denuncia, podrían comprometer recursos de la institución en medio del proceso de intervención del Gobierno nacional.
A pocos meses de un eventual relevo en la administración nacional, surgieron nuevas alertas alrededor de la gestión de la Universidad del Atlántico. Un grupo de denuncias elevadas ante entidades de control busca que se supervise de manera estricta la contratación dentro de la institución mientras continúe bajo intervención del Gobierno.
La iniciativa fue liderada por Guillermo González, próximo a graduarse como contador público y exrepresentante de los estudiantes ante el Consejo Superior, quien solicitó medidas preventivas para revisar presuntos procesos de vinculación de personal en distintas áreas administrativas.
Según el denunciante, existe el riesgo de que se realicen contrataciones que excedan las necesidades reales de la universidad y que terminen afectando los recursos destinados a la actividad académica y misional de la institución.
González sostiene que la vigilancia debe intensificarse para evitar que fondos públicos sean utilizados con propósitos distintos a los contemplados para el fortalecimiento de la educación superior.
Entre las inquietudes planteadas también figura la posibilidad de que algunos cargos puedan responder a intereses políticos o compromisos burocráticos, una situación que, según afirmó, debe ser revisada por las autoridades competentes.
Las solicitudes fueron radicadas ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
El objetivo de las denuncias es que estas entidades hagan seguimiento a la gestión administrativa que actualmente lidera el rector interventor, Rafael Castillo Pacheco, y determinen si existen actuaciones que ameriten investigaciones o controles adicionales.
De igual forma, el caso fue puesto en conocimiento del Consejo Superior Universitario y de su presidente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.
Dentro de las acciones emprendidas también se incluyeron solicitudes formales para que se evalúe la conveniencia de adelantar nuevos procesos de contratación durante esta etapa de transición institucional.
El planteamiento busca que cualquier nombramiento o vinculación sea revisado bajo criterios de necesidad, transparencia y sostenibilidad financiera, evitando compromisos presupuestales que puedan afectar el funcionamiento futuro de la universidad.
La Universidad del Atlántico permanece actualmente bajo un esquema de intervención dispuesto por el Gobierno nacional, con Rafael Castillo Pacheco al frente de la administración.
En este contexto, González aseguró que seguirá atento a las respuestas que emitan las entidades de control y confía en que se adelanten verificaciones oportunas para garantizar el manejo adecuado de los recursos públicos.
Mientras tanto, los organismos competentes deberán evaluar la información entregada y determinar si existen elementos suficientes para iniciar actuaciones de vigilancia o investigación sobre los hechos denunciados.
