El sector portuario del Atlántico encendió las alarmas por una propuesta del Ministerio de Minas y Energía que, según sus análisis, podría dejar por fuera a Barranquilla de los planes nacionales para el almacenamiento e importación de combustibles en situaciones de contingencia.
Una discusión técnica sobre el futuro abastecimiento energético del país comenzó a generar preocupación en Barranquilla. Desde la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) aseguran que un borrador normativo del Gobierno nacional podría reducir significativamente la participación de la ciudad en las operaciones relacionadas con hidrocarburos.
De acuerdo con el gremio, el proyecto de resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía establece nuevas condiciones para el denominado Plan de Continuidad de Abastecimiento de Combustibles, mecanismo que define cómo se almacenarán y distribuirán estos productos cuando sea necesario recurrir a importaciones por emergencias o contingencias en el sistema nacional.
La principal inquietud de los operadores portuarios es que la infraestructura instalada en la capital del Atlántico no aparece contemplada dentro de las alternativas habilitadas para estas operaciones.
Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, explicó que durante la etapa de observaciones varios afiliados participaron en mesas técnicas y presentaron comentarios al documento. Sin embargo, sostiene que la propuesta mantiene a Barranquilla por fuera de un esquema en el que actualmente cuenta con capacidad instalada para apoyar el abastecimiento nacional.
Según el dirigente, esta situación no solo limitaría la participación de los puertos locales, sino que también reduciría las opciones logísticas disponibles para atender eventuales emergencias en el suministro de combustibles.
Desde la organización consideran que el borrador podría concentrar la operación en un número reducido de actores, lo que, a su juicio, genera dudas sobre las condiciones de competencia dentro del mercado.
Por esa razón, las observaciones fueron remitidas también a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad a la que solicitaron revisar el alcance de la propuesta y determinar si existen efectos sobre la libre participación de diferentes operadores en el sector.
Asoportuaria indicó que, hasta el momento, no ha recibido una respuesta oficial por parte de la Superintendencia, aunque espera que el proyecto sea sometido a un análisis más amplio antes de su adopción definitiva.
Uno de los argumentos centrales del gremio es que Barranquilla dispone de una red de tanques de almacenamiento, terminales especializadas y conexiones logísticas construidas durante años para atender operaciones de carga líquida.
La asociación sostiene que excluir a la ciudad del esquema nacional de contingencias implicaría desaprovechar inversiones superiores a los 200 millones de dólares realizadas por varias sociedades portuarias de la región.
Además, advierten que se afectaría el uso estratégico del río Magdalena como corredor de transporte para combustibles, una alternativa que ha sido promovida en los últimos años como parte de los esfuerzos por fortalecer la intermodalidad en el país.
Las cifras que maneja el sector muestran que la carga líquida representa cerca del 15 % de la actividad movilizada por los puertos barranquilleros. Dentro de ese volumen, una porción importante corresponde precisamente a combustibles.
A partir de esos datos, Asoportuaria calcula que cerca del 10 % de la operación portuaria de la ciudad podría verse comprometida si la regulación entra en vigencia sin modificaciones, con posibles repercusiones sobre empleos directos e indirectos asociados a esta actividad.
El gremio asegura que al menos cuatro terminales portuarias de Barranquilla cuentan con condiciones para participar en procesos de importación y manejo de combustibles cuando el país requiera reforzar el suministro por fallas, mantenimientos o interrupciones en refinerías.
Las estimaciones del sector apuntan a una capacidad cercana a los dos millones de barriles en operaciones de carga líquida, infraestructura que, según afirman, podría quedar al margen de futuros planes de abastecimiento.
Mientras continúa el debate, los operadores portuarios insisten en que cualquier regulación debe aprovechar la infraestructura existente en distintas regiones del país y garantizar condiciones equitativas para todos los actores involucrados en la cadena logística y energética nacional.
