El presidente cuestionó públicamente a la representante Gloria Arizabaleta tras el documento que plantea apartarlo temporalmente del cargo. Además, pidió que se investiguen supuestas solicitudes realizadas por la congresista a miembros de su Gobierno.
Un nuevo capítulo de tensión política se abrió este miércoles luego de que el presidente Gustavo Petro respondiera con dureza al auto firmado por la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, en el que se ordena su suspensión provisional mientras avanza una investigación por presunta participación en política.
Durante una intervención pública, el mandatario no solo rechazó la actuación de la congresista, sino que también sugirió que detrás de la controversia podría existir una conducta que calificó como una posible extorsión.
Según explicó el jefe de Estado, Arizabaleta habría realizado diversas solicitudes al Gobierno nacional que, de acuerdo con su versión, no fueron atendidas por la administración.
Petro aseguró que, aunque los congresistas tienen la facultad de gestionar proyectos o iniciativas para sus territorios, existe una diferencia cuando esas solicitudes se convierten en mecanismos de presión sobre el Ejecutivo.
En ese contexto, sostuvo que algunas actuaciones deberían ser revisadas por las autoridades judiciales para determinar si hubo conductas irregulares.
El mandatario también hizo un llamado a integrantes de su gabinete para que entreguen información ante la Corte Suprema de Justicia sobre los encuentros que habrían sostenido con la representante del Valle del Cauca.
La petición busca, según explicó, que se esclarezca el contenido de las solicitudes realizadas por la congresista y se determine si existieron presiones indebidas contra el Gobierno.
Las declaraciones elevaron el tono de la confrontación política alrededor de un caso que ya genera debate en distintos sectores del país.
La controversia se originó tras conocerse un auto firmado por Arizabaleta que ordenaría suspender temporalmente a Petro de sus funciones hasta el 21 de junio, fecha en la que está prevista la segunda vuelta presidencial.
La medida está relacionada con una investigación por una supuesta intervención del mandatario en asuntos de carácter electoral.
Sin embargo, la validez del documento ha sido puesta en duda por varios integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Miembros de esa comisión han señalado que el auto no habría sido radicado oficialmente ni discutido dentro de la instancia correspondiente, lo que abre interrogantes sobre su alcance legal y su eventual aplicación.
Mientras continúa la discusión jurídica sobre las facultades de la Comisión y el procedimiento seguido en este caso, la representante Gloria Arizabaleta no ha emitido hasta ahora una respuesta pública frente a los señalamientos realizados por el presidente.
La situación mantiene abierto un debate político e institucional que sigue sumando reacciones en medio de un escenario electoral marcado por fuertes disputas entre distintos sectores del país.
