La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, abrió una investigación contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el cobro de millonarias comisiones a contratistas del Estado.
La decisión se produjo luego de que salieran a la luz denuncias respaldadas con chats, audios y facturas, en las que varios empresarios aseguran que las dos mujeres intentaron direccionar contratos públicos para favorecer a terceros.
De acuerdo con la revista Semana, los hechos habrían comenzado en 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander entregaron dinero con el propósito de obtener contratos en entidades como los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, además de la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
Según la publicación, para esa época Juliana Guerrero había finalizado un contrato por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior y se perfilaba para asumir el Viceministerio de Juventudes. Verónica Guerrero, por su parte, había culminado contratos por 19 millones de pesos con Colombia Compra Eficiente y por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior.
Los denunciantes afirmaron que las reuniones con las hermanas tenían un costo de un millón de pesos y señalaron que Juliana presuntamente gestionaba el favorecimiento de contratos a cambio de 200 millones de pesos y una comisión equivalente al 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Verónica, según las versiones conocidas, actuaba como enlace entre las partes involucradas.
En el caso también fue mencionado David Trespalacios, de Barranquilla, quien, de acuerdo con los testimonios, presuntamente recibía el dinero y apoyaba a las hermanas en diferentes gestiones, entre ellas la búsqueda de títulos universitarios. Sin embargo, su nombre no figura en el proceso judicial que ya enfrenta Juliana Guerrero por el presunto uso de un título falso de contadora expedido por la Fundación San José.
La investigación continúa en etapa preliminar mientras la Fiscalía recopila pruebas para determinar las posibles responsabilidades de los involucrados.
