La DIJIN de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 11 personas señaladas de integrar una organización dedicada, presuntamente, al fraude electrónico y al desvío de recursos de subsidios entregados por el Departamento de Prosperidad Social.
Los operativos se realizaron de manera simultánea en Barranquilla, Montería y Medellín.
De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal habría logrado apropiarse ilegalmente de más de 3 mil millones de pesos destinados a programas sociales para población vulnerable.
La investigación estableció que los detenidos presuntamente utilizaban mecanismos de suplantación de identidad y manipulación de sistemas biométricos para cobrar subsidios de manera fraudulenta.
Según la Dijin, la organización accedía ilegalmente al software utilizado para registrar las huellas dactilares de los beneficiarios legítimos y reemplazarlas por las de integrantes de la red criminal, permitiendo así retirar los recursos.
El director de la Dijin e Interpol, Elver Vicente Alfonso, indicó que las pesquisas se extendieron por más de un año y permitieron identificar al presunto cabecilla conocido con el alias de ‘Yeimar’.
Las autoridades señalaron que el dinero sustraído provenía de programas estatales como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y ayudas destinadas a víctimas del desplazamiento forzado.
La investigación permitió establecer la existencia de al menos 334 víctimas en distintas regiones del país, además de 49 denuncias penales y 69 quejas presentadas ante la red multiservicios.
La Policía indicó que inicialmente la organización operaba en Medellín y municipios de Antioquia, pero posteriormente expandió sus actividades hacia Ibagué, Montería y Barranquilla.
Durante los allanamientos fueron incautados nueve computadores, ocho teléfonos celulares, tres discos duros, máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras y otros elementos que serían utilizados para falsificar documentos de identidad.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.
