Barranquilla, Soledad, Galapa y Puerto Colombia aparecen entre los municipios bajo revisión. El Gobierno investiga posibles incumplimientos técnicos y advierte que podrían devolverse más de $1 billón a conductores en todo el país.
Un amplio proceso de revisión sobre las cámaras de fotodetección en Colombia acaba de poner bajo la lupa a miles de comparendos en el Atlántico. Las autoridades nacionales anunciaron que más de 169 mil fotomultas impuestas en cuatro municipios del departamento tendrían que ser revocadas por presuntas irregularidades en la operación de estos sistemas.
La investigación, liderada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, apunta a posibles incumplimientos de requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718. El principal cuestionamiento gira alrededor de la ausencia del concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para validar la legalidad y confiabilidad de las cámaras.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la medida busca garantizar el debido proceso y evitar que las fotomultas funcionen únicamente como mecanismos de recaudo.
Según el balance entregado por las autoridades, Barranquilla concentra la mayor cantidad de sanciones bajo revisión. En la capital del Atlántico serían anuladas 125.332 fotomultas de un total de 131.251 comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019.
En otros municipios del área metropolitana también se registran cifras significativas:
- En Galapa, las 7.108 multas impuestas entre febrero y septiembre de 2019 entrarían en proceso de revocatoria.
- Puerto Colombia tendría que dejar sin efecto 21.591 comparendos de los 29.617 registrados entre febrero y agosto de 2019.
- En Soledad, las autoridades revisarían 15.758 sanciones de un total de 18.978 aplicadas entre marzo y diciembre de 2019.
La revisión no se limita al Atlántico. A nivel nacional, la Superintendencia investiga a 37 organismos de tránsito autorizados para operar sistemas de fotodetección. El informe preliminar señala que algunos iniciaron operaciones sin contar con autorización técnica, mientras otros utilizaron conceptos expedidos para terceros o regularizaron documentación después de haber comenzado a imponer comparendos.
El alcance económico del caso también es enorme. Las autoridades estiman que más de 7,5 millones de fotomultas fueron emitidas bajo estas condiciones en Colombia. De ese total, cerca de 1,58 millones ya fueron pagadas por ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones.
Si las irregularidades se confirman, los organismos de tránsito podrían verse obligados no solo a devolver ese dinero, sino también a asumir sanciones que superarían los $2,1 billones.
Además, otros 5,8 millones de comparendos pendientes de pago tendrían que ser anulados automáticamente, lo que beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de conductores en el país.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que la investigación no busca eliminar las cámaras de tránsito, sino verificar que hayan operado conforme a la ley.
También advirtió que podrían aparecer nuevas revocatorias en los próximos meses, debido a que la revisión continuará sobre permisos posteriores y cámaras que habrían seguido funcionando incluso después del vencimiento de sus autorizaciones.
La Superintendencia explicó que quienes aún no han pagado las multas no deberán realizar trámites adicionales. En esos casos, los organismos de tránsito tendrán que desmontar automáticamente los comparendos de las plataformas oficiales.
Sin embargo, para las personas que ya cancelaron las sanciones, el procedimiento será diferente. Los usuarios deberán iniciar reclamaciones formales mediante derechos de petición, tutelas o acciones jurídicas contra las entidades responsables para solicitar el reembolso del dinero.
Mientras avanza la investigación, el caso ya se perfila como una de las revisiones más grandes sobre sistemas de fotodetección y sanciones de tránsito registradas en Colombia.
