El gobierno boliviano ordenó este miércoles la salida de la representante diplomática de Colombia, Elizabeth García, tras considerar «injerencistas» las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis social que atraviesa Bolivia. No obstante, desde el Ejecutivo de Rodrigo Paz aclararon que la medida no implica el fin de las relaciones bilaterales.
En un comunicado oficial, la Cancillería boliviana explicó que se le ha solicitado a la embajadora concluir sus funciones en el país andino, otorgándole los plazos estipulados por el derecho internacional. La decisión, según la nota, busca «preservar la soberanía y el principio de no interferencia», bases fundamentales para el diálogo entre naciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en que esta acción «no representa una ruptura» del vínculo con Colombia ni afecta «la amistad y cooperación histórica» entre ambos pueblos. Asimismo, instó a que cualquier pronunciamiento externo sobre la situación interna boliviana se realice con «responsabilidad y prudencia diplomática».
Las tensiones surgieron luego de que Petro afirmara el domingo pasado que Bolivia vive una «insurrección popular» frente a las protestas y bloqueos de carreteras —liderados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y seguidores de Evo Morales— que exigen la renuncia de Paz. El mandatario colombiano ofreció colaborar en una salida pacífica y pidió evitar «presos políticos» en la región.
Por su parte, el martes un alto funcionario estadounidense, Christopher Landau, señaló que las movilizaciones en contra de Paz configuran «un golpe de Estado en marcha» y llamó a países como Brasil y Colombia a respaldar al mandatario boliviano.
Las protestas, que llevan 15 días, afectan principalmente a La Paz, donde se reportan escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de enfrentamientos, saqueos y agresiones contra periodistas y ciudadanos ajenos a las manifestaciones.
