El mandatario aseguró que el fallo frena procesos de reforma agraria y restringe la capacidad del Estado para entregar predios a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
La disputa por la tierra volvió a encender el debate político en Colombia. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los terrenos baldíos del país y advirtió que, según su interpretación, la medida podría afectar el avance de la reforma agraria promovida por el Gobierno.
El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo durante un encuentro con líderes del pueblo indígena U’wa, donde cuestionó que los conflictos sobre propiedad de baldíos deban resolverse únicamente por la vía judicial.
Para Petro, esa decisión reduce las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y complica procesos administrativos orientados al saneamiento y adjudicación de predios para campesinos, comunidades indígenas y población afrodescendiente.
El mandatario sostuvo que el fallo representa un obstáculo para la recuperación de tierras que, según afirmó, habrían permanecido durante años en ocupación irregular. Además, señaló que la determinación judicial contradice principios reconocidos en decisiones de organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En medio de su intervención, Petro elevó el tono político y convocó a organizaciones rurales del país a coordinar acciones sociales y jurídicas en defensa del acceso a la tierra.
El presidente planteó la necesidad de construir una articulación entre movimientos campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes para respaldar la reforma agraria y presionar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con derechos territoriales.
También aseguró que la discusión sobre la propiedad rural será uno de los temas centrales del escenario político nacional durante los próximos meses.
El mandatario aprovechó el pronunciamiento para cuestionar otras decisiones recientes de las altas cortes, especialmente en asuntos relacionados con las reformas impulsadas por su administración, incluyendo temas pensionales.
Mientras tanto, se espera una respuesta oficial de los altos tribunales frente a las declaraciones del presidente y a los cuestionamientos realizados sobre el alcance de la sentencia relacionada con los baldíos en Colombia.
