El proyecto privado que se estudia para el aeropuerto de Barranquilla contempla una inversión cercana a los $3,1 billones y busca ampliar su capacidad operativa, comercial e industrial.
El futuro del aeropuerto Ernesto Cortissoz vuelve a ponerse sobre la mesa. Mientras persisten las preocupaciones por las condiciones actuales de la terminal aérea, sectores de infraestructura y competitividad impulsan una iniciativa privada que apunta a convertir el principal aeropuerto del Atlántico en un centro estratégico de aviación, logística y mantenimiento aeronáutico.
La propuesta, denominada IP Puerta de Oro, busca modernizar integralmente el Cortissoz para responder al crecimiento de pasajeros y carga que registra Barranquilla, además de abrir nuevas oportunidades económicas alrededor de la industria aérea.
Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Norte, consideran que este modelo podría marcar un punto de quiebre para el desarrollo de la ciudad y la región Caribe. Su director, Héctor Carbonell, afirmó que una concesión bien estructurada permitiría fortalecer la conectividad aérea y atraer actividades complementarias como servicios especializados, aviación ejecutiva, logística aeroportuaria y mantenimiento de aeronaves.
Carbonell comparó el escenario con la transformación que vivió el aeropuerto El Dorado en Bogotá tras su modernización mediante participación privada. Según explicó, antes de su renovación la terminal capitalina enfrentaba problemas de congestión y limitaciones operativas, situación que cambió con la ampliación de infraestructura y el fortalecimiento de su capacidad para pasajeros y carga.
La apuesta para Barranquilla va más allá de remodelar instalaciones. El proyecto contempla posicionar al Cortissoz como un centro aeronáutico del Caribe colombiano, capaz de generar empleo, atraer inversión privada y potenciar sectores industriales vinculados al transporte aéreo.
Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran la ampliación de la capacidad operativa, el fortalecimiento del movimiento de carga, el desarrollo de espacios para mantenimiento y reparación de aeronaves, la atención de aviación corporativa y privada, además de la obtención de certificaciones ambientales como la Acreditación de Carbono Aeroportuario categoría 2.
La planta aeroportuaria también avanzaría en procesos de recategorización y en nuevas obras para responder a la demanda futura de viajeros y operaciones logísticas.
Actualmente, la Aerocivil adelanta trabajos de modernización dentro del aeropuerto, incluyendo adecuaciones en zonas operativas como el área de equipaje nacional. Sin embargo, desde el sector infraestructura advierten que uno de los principales retos será coordinar adecuadamente esas intervenciones públicas con las obras que asumiría el privado en caso de que la iniciativa sea aprobada.
El proyecto se encuentra en etapa de factibilidad y contempla una inversión estimada de 3,1 billones de pesos, sin requerir recursos públicos directos. La financiación dependería del modelo de operación aeroportuaria y de la diversificación de ingresos.
Además de las tasas aeroportuarias tradicionales, aterrizajes, despegues, uso de terminales y puentes de abordaje, el esquema incluye ingresos provenientes de restaurantes, comercio, estacionamientos, publicidad, desarrollo inmobiliario y servicios aeronáuticos especializados.
Dentro del modelo también aparecen actividades MRO, enfocadas en mantenimiento y revisión de aeronaves, así como servicios FBO para aviación privada y corporativa, áreas que en otros aeropuertos internacionales se han convertido en fuentes clave de sostenibilidad financiera.
De acuerdo con el cronograma planteado por el Gobierno nacional, la iniciativa privada deberá presentar en junio de 2026 los documentos correspondientes a la fase de factibilidad para avanzar en el proceso de evaluación.
