El organismo advierte fallas en detección, coordinación institucional y atención a víctimas, e insta a reforzar acciones urgentes en todo el país.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre las deficiencias que aún persisten en Colombia para enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, señalando que existen problemas estructurales que limitan una respuesta eficaz por parte del Estado.
De acuerdo con el ente de control, factores como la baja capacidad de detección temprana, la normalización social de este delito y la falta de articulación entre las instituciones responsables continúan dificultando la prevención y la atención integral de las víctimas. Esta situación, advierten, permite que muchos casos pasen desapercibidos o no reciban el seguimiento adecuado.
El pronunciamiento se dio durante un encuentro interinstitucional enfocado en esta problemática, en el que participaron entidades nacionales e internacionales, autoridades locales y organizaciones sociales. En ese espacio se reiteró que la explotación sexual infantil representa una grave vulneración de los derechos humanos, estrechamente relacionada con dinámicas de violencia de género y contextos de discriminación.
Las cifras recientes reflejan la magnitud del problema. Según datos de organizaciones sociales, entre 2023 y 2025 se han reportado miles de casos, con un incremento significativo en el último año. A esto se suman registros oficiales que evidencian decenas de miles de denuncias en la última década, lo que confirma la persistencia de este fenómeno en distintas regiones del país.
Como parte de su labor preventiva, la Procuraduría realizó un análisis en los 32 departamentos durante 2025, identificando zonas críticas donde se presentan mayores riesgos, así como vacíos en la coordinación institucional y en la prestación de servicios de atención. A partir de estos hallazgos, emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer el seguimiento judicial y la protección efectiva de las víctimas.
El organismo también hizo un llamado a reforzar el trabajo conjunto entre entidades del Estado, garantizando respuestas oportunas, con enfoque diferencial y evitando la revictimización de los menores afectados.
Finalmente, se insistió en el papel fundamental de las familias y la sociedad en general como primeros entornos de protección. Las autoridades invitaron a denunciar cualquier situación sospechosa y a rechazar de manera contundente toda forma de violencia contra la niñez, subrayando que la erradicación de este delito requiere un compromiso colectivo y sostenido.
