El Tribunal de Bolívar ordenó suspender la intervención, pero el presidente cuestionó la decisión y pidió investigar al magistrado.
Se intensifica la tensión entre el Gobierno nacional y la rama judicial tras la decisión del Tribunal de Bolívar de ordenar la suspensión de la intervención sobre la EPS Coosalud y devolver su administración a los propietarios. Pese a esta determinación, el presidente Gustavo Petro manifestó su desacuerdo y dejó claro que no comparte el fallo.
El mandatario reaccionó públicamente a través de redes sociales, donde cuestionó la decisión judicial y lanzó fuertes críticas contra el magistrado que la emitió, señalando que debería ser investigado. Además, insistió en que la medida favorece intereses que, según él, han afectado el sistema de salud.
Mientras tanto, el representante de la EPS, Jaime Miguel González Montaño, intentó retomar el control administrativo en la sede de la entidad en Cartagena, pero no se le permitió el ingreso. Según su defensa, existía un compromiso previo con el agente interventor para cumplir la orden judicial de manera inmediata, aunque esto finalmente no se concretó.
El abogado del directivo sostuvo que el fallo no admite interpretaciones y debe ejecutarse sin condicionamientos, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el futuro de la entidad y el manejo de sus operaciones.
La controversia se da en medio de señalamientos previos del presidente contra directivos de Coosalud, a quienes ha acusado de presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Estas declaraciones ya habían derivado en decisiones judiciales en su contra, incluyendo sanciones por no retractarse de afirmaciones realizadas públicamente.
A pesar de ello, el jefe de Estado reiteró su postura, afirmando que continuará denunciando lo que considera irregularidades dentro del sistema de salud, incluso si esto implica enfrentar consecuencias legales.
El caso ha abierto un nuevo frente de debate sobre el alcance de las decisiones judiciales, la intervención estatal en el sector salud y el equilibrio entre los poderes públicos, en un momento clave para la discusión sobre el futuro del sistema en Colombia.
