Un grupo de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denunció una grave situación de amenazas, hostigamientos y seguimiento contra la lideresa Linda Torres Jiménez, en hechos que reflejan un deterioro en la seguridad y el ejercicio del liderazgo social en Barranquilla y su área metropolitana.
A través de un comunicado público fechado el 15 de abril de 2026, más de 30 organizaciones del departamento del Atlántico alertaron sobre una “escalada de violencia” contra líderes sociales, con especial preocupación por el caso de la defensora Linda Torres Jiménez.
Según la denuncia, la lideresa ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de sujetos que aseguran pertenecer a estructuras armadas ilegales. A esto se suman seguimientos constantes, vigilancia en su lugar de residencia y amedrentamientos dirigidos también a su núcleo familiar, lo que eleva el nivel de riesgo.
Las organizaciones señalaron que estos hechos no serían aislados. Por el contrario, estarían relacionados con el trabajo que desarrolla la defensora en el acompañamiento a comunidades vulnerables, especialmente en casos de violencias basadas en género, desplazamiento forzado, trata de personas y feminicidios.
Durante abril de 2026, Linda Torres Jiménez, respaldada por múltiples organizaciones sociales, realizó denuncias públicas sobre la presencia de grupos armados ilegales en Barranquilla y el Atlántico, así como sobre problemáticas como el reclutamiento de jóvenes —incluso desde centros carcelarios—, el aumento de feminicidios, la trata de personas y asesinatos en distintos sectores del territorio.
El comunicado advierte que existe una posible relación directa entre estas denuncias y el incremento de las amenazas, lo que configuraría un patrón de riesgo alto para quienes ejercen liderazgo social en Colombia.
Además, las organizaciones alertaron sobre presuntas dinámicas de grupos delincuenciales locales, lo que evidenciaría un panorama crítico en materia de seguridad y derechos humanos en la región Caribe.
Exigencias y llamado urgente:
Ante la gravedad de la situación, las organizaciones firmantes exigieron a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones inmediatas y efectivas que permitan identificar y judicializar a los responsables.
Asimismo, solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementar medidas urgentes acordes al nivel de riesgo, y a la Defensoría del Pueblo activar alertas tempranas y mecanismos de seguimiento.
También hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para que adopten acciones contundentes frente a la presencia de estructuras criminales en el Atlántico.
Finalmente, las organizaciones expresaron su solidaridad con Linda Torres Jiménez y su familia, y reiteraron que la defensa de los derechos humanos no debe ser motivo de persecución.
El comunicado concluye con un llamado a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación para mantener vigilancia sobre este caso, insistiendo en que “la vida de las y los defensores de derechos humanos debe ser protegida” y que “el silencio no puede ser una opción”.
