El inmueble, que será subastado este mes, presenta deudas de arrendamiento desde 2020 por parte de una congregación religiosa que ocupa varios locales.
Un nuevo conflicto jurídico se ha desatado en Barranquilla tras el anuncio de la subasta del predio donde funcionaba la tradicional bolera Titos Bolos, ubicado en el norte de la ciudad. El caso gira en torno a la presunta ocupación irregular de varios locales por parte de una congregación religiosa, en medio de un proceso de recuperación de activos liderado por la Sociedad de Activos Especiales.
De acuerdo con información oficial, el inmueble —administrado por la empresa Activos por Colombia— forma parte de bienes sometidos a extinción de dominio, luego de detectarse incumplimientos prolongados en contratos de arrendamiento. En ese contexto, se conoció que la iglesia Iglesia Vida Abundante ocupa actualmente cuatro locales del predio, con cánones en mora desde marzo de 2020.
El gerente de Activos por Colombia, Abraham Katime, aseguró que esta situación constituye una ocupación ilegal que estaría dificultando el proceso de venta del inmueble, programado para el próximo 27 de abril mediante subasta electrónica. Según explicó, la deuda acumulada por concepto de arriendo asciende a cerca de 468 millones de pesos, lo que motivó la decisión de incluir el bien en el proceso de comercialización.
El predio saldrá al mercado con un valor cercano a los 15 mil millones de pesos, tras un avalúo comercial que incluye descuentos para incentivar la participación de posibles compradores. Las autoridades han reiterado que la venta se realizará conforme a la normativa vigente, incluso si persisten ocupantes en el lugar, dejando en manos del futuro propietario la decisión sobre su permanencia.
No obstante, desde la congregación religiosa han cuestionado el procedimiento. Su representante legal argumentó que la mora se originó, en gran parte, durante la pandemia del COVID-19, periodo en el que las actividades estuvieron suspendidas, pero los cobros de arriendo continuaron. Además, denunció falta de notificación formal sobre la subasta y señaló que durante años la comunidad ha asumido el mantenimiento del inmueble sin apoyo institucional.
Mientras avanzan las acciones legales para la recuperación total del predio, el caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre la administración de bienes en extinción de dominio y los límites entre los derechos contractuales y las facultades del Estado para disponer de estos activos.
