El gremio académico advierte efectos financieros sobre las instituciones, mientras Mineducación busca abrir un espacio de concertación con Hacienda.
El debate por el impuesto al patrimonio a personas jurídicas, impulsado por el Gobierno en medio de la emergencia económica, abrió un nuevo frente de tensión con el sector educativo.
Varias universidades privadas, agrupadas en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), cuestionaron la medida y llevaron el caso ante la Corte Constitucional, al considerar que afecta la sostenibilidad financiera de las instituciones.
Según el gremio, cerca de 90 centros de educación superior tendrían que asumir cargas económicas significativas, con un impacto estimado de más de 135.000 millones de pesos.
Las universidades advierten que el impuesto no contempla su carácter sin ánimo de lucro, ni la naturaleza de sus activos, que están destinados a infraestructura, investigación, bibliotecas y formación académica.
En ese sentido, sostienen que la medida podría afectar directamente la inversión en educación, el acceso a becas y la continuidad de proyectos académicos, además de generar presiones sobre las matrículas estudiantiles.
Algunos directivos han calificado el impacto como desproporcionado, señalando que podría obligar a recortar programas, frenar inversiones y limitar el desarrollo institucional en el mediano plazo.
La controversia también llegó al Gobierno. El ministro de Educación, Daniel Rojas, propuso la creación de una mesa técnica junto al Ministerio de Hacienda para analizar los efectos del impuesto y abrir un espacio de diálogo con el sector.
La iniciativa busca revisar los alcances de la medida y encontrar un equilibrio entre las necesidades fiscales del Estado y la estabilidad del sistema educativo, en un momento clave para la financiación de la educación superior en el país.
