El organismo de control alertó que la propuesta del Gobierno de mover recursos hacia Colpensiones podría comprometer el ahorro de largo plazo.
La Contraloría General de la República expresó su preocupación frente a la propuesta del Gobierno nacional de trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, advirtiendo que la medida no sería viable en las condiciones planteadas.
El planteamiento hace parte de un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio del Trabajo, que contempla realizar este traslado en un plazo de apenas 15 días, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.
Según el ente de control, existe el riesgo de que estos recursos, destinados al ahorro pensional, terminen siendo utilizados para cubrir gastos corrientes. “Se evidencia la posibilidad de que el traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implique que los dineros (…) se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas”, señaló la entidad.
La Contraloría también advirtió que esta iniciativa podría contradecir lo establecido en la reforma pensional, la cual contempla que los ahorros de quienes se trasladen deben permanecer en los fondos privados generando rendimientos hasta que se consolide la pensión.
Las observaciones del organismo coinciden con los reparos expresados por el Banco de la República, que recientemente advirtió sobre posibles irregularidades jurídicas en la medida. A estas críticas se suman las del gremio Asofondos, que alertó sobre efectos negativos en el mercado financiero, como desvalorizaciones de activos y un eventual aumento en el costo de la deuda pública.
Pese a los cuestionamientos, el Ministerio de Hacienda y Colpensiones defendieron la iniciativa, argumentando que el sistema enfrenta una presión financiera significativa y que es necesario trasladar recursos para garantizar su funcionamiento. En ese sentido, el Gobierno manifestó su intención de continuar con la expedición del decreto.
Finalmente, la Contraloría insistió en los posibles efectos a largo plazo de la medida. “Este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado… trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras”, advirtió, señalando que se estaría priorizando un alivio inmediato sobre la sostenibilidad futura del sistema.
