El Ministerio Público advierte sobre barreras que afectan a niños, niñas y adolescentes en el país.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades del sector salud a eliminar las barreras que dificultan el acceso al certificado de discapacidad, especialmente en niños, niñas y adolescentes, mediante la expedición de la Directiva 008 de 2026.
El pronunciamiento, liderado por el procurador Gregorio Eljach Pacheco, se da tras identificar obstáculos de tipo administrativo, geográfico y procedimental que impiden a muchas familias acceder de manera oportuna a este trámite.
En ese sentido, el organismo de control instó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las secretarías de salud territoriales a garantizar que el proceso de certificación se realice de forma ágil, accesible y sin restricciones.
Frente al ámbito educativo, la Procuraduría fue enfática en señalar que el certificado de discapacidad no es un requisito obligatorio para el acceso, permanencia o matrícula en el sistema educativo. No obstante, aclaró que este documento puede servir como herramienta de apoyo para identificar necesidades específicas de los estudiantes y facilitar la implementación de ajustes razonables y estrategias de educación inclusiva.
Finalmente, el Ministerio Público anunció que realizará seguimiento preventivo a la implementación de esta directiva, con el objetivo de fortalecer la garantía de los derechos de esta población y asegurar condiciones más equitativas en los sectores de salud y educación.
