Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
En la actualidad, el sector de Buenavista, tanto al interior de los complejos comerciales como en sus zonas colindantes, se encuentra sometido a una notoria incidencia de estructuras dedicadas a actividades delictivas. Esta situación ha generado un escenario de riesgo para la seguridad colectiva. En efecto, la reiteración de conductas ilícitas evidencia una perturbación del orden público, circunstancia que exige la intervención inmediata de las autoridades competentes.
En tal sentido, se torna indispensable implementar dentro de estas instalaciones y en sus partes perimetrales esquemas permanentes de vigilancia, tanto fijos como itinerantes, a cargo de los organismos policiales, toda vez que la ausencia de supervisión permanente en estos entornos podría favorecer la consolidación de dinámicas criminógenas, con el consecuente deterioro de la tranquilidad comunitaria.
De igual manera, el montaje de cámaras de video inteligente en la totalidad de los corredores urbanos que conforman esta área constituye una acción de alto valor estratégico, pues opera en calidad de mecanismo disuasorio frente a la criminalidad y facilita la identificación de conductas contrarias a la ley. En esa línea, la peatonalización de calles permitiría restringir la circulación vehicular, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a la comisión de ilícitos. Pese a ello, para prevenir el delito, deberá también controlarse la presencia de vendedores estacionarios y ambulantes, así como lavadores de carros, supuestos “vigilantes” improvisados o limpiadores ocasionales.
Igualmente, se torna procedente exigir a los negocios la disposición permanente de servicios de protección privada, con dotación armada, quienes estarán obligados a actuar de manera articulada con la policía mediante el reporte inmediato de cualquier hecho que comprometa la integridad ciudadana. De igual forma, los esquemas de inteligencia por parte de propietarios y arrendatarios de los edificios deberán integrarse a estos instrumentos de coordinación.
La prohibición de la circulación del transporte masivo, colectivo, taxis de servicio público y vehículos particulares en ese entorno constituye una acción de especial relevancia en materia de salubridad y ambiente .En ese sentido la restricción del tránsito automotor permitiría reducir significativamente los niveles de contaminación atmosférica generados por la congestión del tráfico existente, preservando la calidad del aire y garantizando condiciones sanitarias adecuadas para los usuarios y transeúntes.
Del mismo modo, para impulsar el progreso, es menester consolidar un entorno cultural mediante la construcción de recintos museísticos destinados a exaltar el patrimonio histórico y artístico de la región Caribe, configurando un escenario que renueve y fortalezca la identidad, constituyéndose en un motor de dinamización y de promoción del turismo nacional e internacional.
Sin embargo, mientras no se produzcan transformaciones de fondo en el sistema de justicia colombiano, cualquier programa orientado al bienestar comunitario y a la reducción del fenómeno delictivo estará condenado al fracaso, desmoronándose de manera progresiva e irreversible. Si no se adoptan de forma inmediata medidas de carácter multidisciplinario, una parte significativa del barrio Altos del Riomar, donde confluyen la actividad empresarial y desarrollo inmobiliario, se convertirá indudablemente en un foco del crimen.
