Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
El problema social de la adicción en Barranquilla se ha incrementado de manera alarmante, sin que las autoridades competentes implementen políticas efectivas en materia de salud pública. Además, el sector privado ha mostrado escaso compromiso frente a un fenómeno que vulnera el bienestar colectivo y pone en riesgo el porvenir de la comunidad.
Las personas que padecen dependencia a sustancias psicoactivas o a prácticas como los juegos de azar, entre ellos los casinos, requieren atención integral, acompañamiento especializado y programas de rehabilitación que les permitan recuperar su proyecto de vida. En muchos casos, estas actividades generan una ilusión de ganancias económicas; por lo tanto, la estabilidad financiera y emocional se ve afectada progresivamente.
Es motivo de preocupación que las EPS no cuenten con planes específicos orientados a la prevención, tratamiento y reinserción en este ámbito. Esta falta impacta negativamente la calidad de vida de la población, pues lo sanitario constituye un pilar esencial para el desarrollo del Estado. Por consiguiente, la ausencia de intervención oportuna incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes, quienes pueden ser captados por estructuras criminales para la comisión de conductas delictivas ante la carencia de oportunidades.
¿Cómo es posible que en la ciudad no exista siquiera supervisión sobre los puntos de expendio de estupefacientes, conocidos como “ollas del vicio”, ubicados incluso en inmediaciones de CAI policiales y entidades oficiales, sin que se adopten medidas contundentes para su control?
La permanencia de dichos focos de distribución ilícita evidencia una carencia de vigilancia orientada a su desmantelamiento. Ahora bien, la erradicación de estos lugares no puede considerarse la única estrategia para enfrentar el consumo. Se requiere una política multidisciplinar que articule esfuerzos en lo público y particular, con especialistas en psiquiatría, prevención, tratamiento e inclusión comunitaria.
Adicionalmente, al tratarse de elementos comercializados al margen de cualquier regulación, su composición es incierta y altamente riesgosa. En múltiples casos se les incorporan compuestos peligrosos, tales el fentanilo y otros químicos de elevada toxicidad, con el propósito de intensificar su efecto y aumentar la drogodependencia. Esto ocurre con drogas del tipo marihuana adulterada, el denominado “tusi”, el clorhidrato de cocaína, basuco y otras variantes que circulan en el mercado ilegal.
En la urbe se ha vuelto recurrente la concentración de numerosos grupos que usan cannabis sativa y otros estupefacientes en el Parque de la Paz y en los miradores de Miramar y Los Nogales, quienes actualmente se encuentran sin servicio de energía eléctrica. Esta situación genera especial inquietud, ya que se trata de áreas concebidas para la recreación familiar y frecuentadas por niños y adolescentes.
Sin embargo, ante este panorama, se percibe una falta de medidas concretas por parte de los responsables del orden y la administración local, entre ellos el comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, y el alcalde distrital, Alejandro Char. Por lo tanto, la ciudadanía exige liderazgo, decisiones firmes y programas eficaces que permitan recuperar estas zonas para su finalidad original y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
