La iniciativa se tramitaría después del 20 de julio de 2026 y bajo control de la Corte Constitucional
El presidente Gustavo Petro aseguró que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no se desarrollará durante la época electoral, en medio de la controversia política que ha generado la iniciativa y de las críticas por un eventual impacto sobre las elecciones de 2026. El mandatario explicó que el cronograma planteado busca respetar los tiempos democráticos y evitar que el debate constitucional se mezcle con campañas políticas.
Según Petro, el proceso iniciaría con la recolección de firmas ciudadanas, etapa que tendría una duración aproximada de tres meses. Una vez cumplido ese requisito, la iniciativa sería presentada después del 20 de julio de 2026, cuando ya esté instalado el nuevo Congreso de la República y se haya elegido al próximo presidente del país. De esta manera, sostuvo, la discusión quedaría en manos de las nuevas autoridades electas.
El jefe de Estado afirmó que, si el Congreso da luz verde al proyecto y este supera el control previo de la Corte Constitucional, corresponderá al alto tribunal definir los tiempos para una eventual elección de los miembros de la constituyente, un proceso que, de acuerdo con lo señalado por Petro, tampoco se desarrollaría en medio de contiendas electorales.
Las declaraciones del presidente se producen tras una ola de cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, juristas y líderes políticos, quienes han advertido que impulsar una reforma constitucional de gran calado en un contexto electoral podría generar inestabilidad institucional y afectar la separación de poderes. Algunos críticos han señalado que una constituyente podría abrir la puerta a cambios estructurales sin el consenso necesario.
Petro, sin embargo, defendió la propuesta al asegurar que busca abrir un debate de fondo sobre transformaciones que, a su juicio, no han sido posibles por la vía legislativa ordinaria. Entre los temas que el Gobierno considera prioritarios figuran reformas al sistema de salud, pensiones, educación, ordenamiento territorial y la respuesta del Estado a la crisis climática.
Con esta aclaración, el presidente intenta reducir las tensiones alrededor de la iniciativa, que sigue generando un amplio debate nacional sobre sus alcances, su oportunidad política y sus implicaciones para el futuro constitucional del país.
