La Defensoría del Pueblo alerta por retrasos que afectan a más de 4.200 profesionales
Más de 4.200 defensores públicos y contratistas de la Defensoría del Pueblo continúan sin recibir el pago de sus honorarios debido a que el Ministerio de Hacienda no realizó el giro de los recursos necesarios, pese a que estos estaban contemplados en el presupuesto y correspondían a contratos ya ejecutados. La situación se presentó antes del cierre del año y ha generado una fuerte preocupación institucional por sus efectos sobre el sistema de justicia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la entidad cumplió con todos los procedimientos administrativos y contractuales para efectuar los pagos, pero la falta de desembolso por parte de Hacienda impidió transferir los recursos a los profesionales que prestan el servicio de defensa pública en todo el territorio nacional. Según indicó, muchos de ellos atendieron sus labores durante todo el año bajo condiciones de alta carga laboral.
El retraso en los pagos afecta a defensores que representan a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo procesados sin recursos económicos, víctimas del conflicto armado y ciudadanos que dependen exclusivamente del Estado para ejercer su derecho a la defensa. Desde la Defensoría se advirtió que esta situación compromete seriamente la garantía del acceso a la justicia, uno de los pilares del Estado social de derecho.
A la falta de pago se suma un recorte presupuestal que impactó a la entidad en el proyecto del Presupuesto General de la Nación, lo que, según la Defensoría, limitó su capacidad financiera para responder a compromisos ya adquiridos. Marín señaló que el monto asignado fue inferior al del año anterior y que no contó con el aval oportuno del Ministerio de Hacienda durante el trámite en el Congreso.
La defensora cuestionó que, pese a la autonomía presupuestal que le reconoce la Constitución a la entidad, la ausencia de giros desde el Gobierno central haya dejado en vilo el funcionamiento de un servicio esencial. No obstante, aseguró que se mantienen las gestiones para que los recursos sean liberados y los pagos se realicen lo antes posible.
Organizaciones del sector jurídico y defensores públicos han advertido que, de prolongarse la situación, podría generarse una afectación directa en la atención de procesos judiciales en distintas regiones del país, especialmente en zonas apartadas donde la defensa pública es el único respaldo legal para miles de ciudadanos.
