El mandatario defiende la emergencia económica como necesaria para proteger la estabilidad del país.
El presidente Gustavo Petro defendió la decisión de declarar emergencia económica y social, argumentando que los denominados “hechos sobrevinientes” que justifican la medida se originaron en decisiones adoptadas por la Junta del Banco de la República y la negativa de la Comisión Tercera del Senado de aprobar una reforma tributaria que hubiera financiado el presupuesto de 2026.
A través de mensajes en la red social X, Petro señaló que la política monetaria del Banco Central, incluyendo la subida de tasas de interés reales por encima del crecimiento económico, encareció la deuda pública y afectó la sostenibilidad fiscal. Según el mandatario, estos factores, junto con la negativa del Senado a gravar a los sectores de mayores ingresos, constituyen eventos imprevistos que obligan al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias.
“Vamos a responder a los hechos sobrevinientes que otros ignoraron o provocaron: el Banco de la República y quienes no quisieron gravar a los más ricos contribuyeron a esta situación”, afirmó el presidente, defendiendo el decreto como un instrumento legal para proteger la estabilidad económica y social del país.
Sin embargo, la justificación del presidente ha generado reacciones críticas. Expertos en derecho constitucional y sectores de la oposición han señalado que los problemas fiscales eran previsibles y que, por tanto, no cumplen con los requisitos constitucionales para declarar un estado de emergencia económica, tal como lo establece el artículo 215 de la Constitución.
En respuesta a la medida, la senadora María Fernanda Cabal radicó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando que la emergencia busca corregir errores de planeación fiscal y que no existen hechos inesperados que la sustenten. Además, líderes gremiales han advertido que la medida podría generar incertidumbre económica y afectar la confianza de inversionistas y empresas.
El debate sobre la constitucionalidad y conveniencia de la emergencia económica continúa, mientras el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para enfrentar un escenario fiscal adverso y garantizar la estabilidad del país en 2026. Petro pidió a la Corte Constitucional analizar el decreto con “sensatez”, advirtiendo que la falta de claridad sobre la medida podría impactar negativamente en las familias y en el sector productivo.
