Más de 6.000 personas resultaron afectadas por el paro armado que mantuvo aisladas a comunidades del departamento.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció haber recibido amenazas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego del levantamiento del confinamiento armado que afectó a miles de habitantes en la subregión del Bajo Baudó.
De acuerdo con la mandataria, el paro armado impuesto por este grupo ilegal mantuvo aisladas a más de 6.000 personas en al menos 26 comunidades, quienes enfrentaron serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud y actividades básicas de subsistencia.
La situación impactó especialmente la movilidad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, fundamentales para el transporte y abastecimiento de estas poblaciones, lo que agravó la crisis humanitaria en la zona.
Córdoba aseguró que, tras el anuncio del levantamiento del confinamiento, el grupo armado emitió señalamientos directos en su contra, acusándola de presuntos vínculos con otras estructuras ilegales. “Un audio en donde se utilizan nombres y apellidos de un mandatario es de por sí grave”, afirmó, agregando que considera estos hechos como una amenaza directa a su integridad.
La gobernadora también alertó sobre las condiciones en las que permanecieron las comunidades durante el bloqueo, señalando que muchas familias estuvieron sin acceso a alimentos, sin poder pescar ni trabajar en sus cultivos, e incluso sin atención médica debido a la salida de brigadas de salud del territorio.
Este episodio se suma a la compleja situación de orden público en el departamento del Chocó, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando confinamientos, desplazamientos y riesgos para la población civil, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
Las autoridades nacionales y organismos de seguridad mantienen la atención sobre el territorio, mientras crecen los llamados a garantizar protección para los líderes regionales y asistencia humanitaria urgente para las comunidades afectadas.
