Por: JAIME VÉLEZ GUERRERO Abogado, criminólogo y escritor
La expansión urbana de Barranquilla y su área metropolitana refleja una situación que trasciende lo local y exige una revisión profunda del régimen habitacional colombiano, marco en el cual las edificaciones residenciales no pueden quedar supeditadas exclusivamente al libre mercado, a la especulación del suelo y al afán de rentabilidad empresarial. Por el contrario, deben sujetarse a una política pública, al ordenamiento territorial y a acciones efectivas de inspección, vigilancia y control.
El auge de las firmas inmobiliarias evidencia una contradicción preocupante: mientras estas ofertan inmuebles a precios exorbitantes, presentándolos como espacios de exclusividad, modernidad y bienestar, numerosas familias deben afrontar fallas estructurales, humedades, filtraciones, deficiencias en las redes de saneamiento, congestión vehicular, criminalidad y la inexistencia de zonas deportivas y recreativas adecuadas.
En el ámbito local, Alameda del Río, Ciudad Mallorquín, Caribe Verde, Las Gardenias y Puerta Dorada son algunos de los complejos de propiedad horizontal que permiten dimensionar esta problemática, de los cuales una parte pertenece al segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Sin embargo, la ejecución de numerosas urbanizaciones privadas no ha estado acompañada de una dotación de parqueaderos suficiente para atender las necesidades de sus habitantes. Al no disponer de un puesto asignado, terminan los copropietarios insultándose, amenazándose o agrediéndose físicamente, disputas que deterioran la tranquilidad, comprometen la seguridad y fracturan la convivencia vecinal. Resulta inadmisible que las decisiones de planificación trasladen a las comunidades conflictos que debieron prevenirse.
A esta falencia se añade la carencia de cuartos útiles individuales, cuya incorporación tampoco parece figurar como exigencia en los proyectos. Estos depósitos son indispensables para almacenar enseres, herramientas, equipajes y otros elementos que, por sus dimensiones o características, no pueden estar en las reducidas áreas habitables de los apartamentos. Prescindir de tales superficies revela una concepción limitada de dicho sector.
A este déficit de diseño interior se suma la ausencia de nuevas conexiones de tránsito que permitan absorber el incremento del parque automotor generado por el crecimiento urbanístico. Así, mientras aumentan los edificios, la densidad poblacional y la circulación, la avenida Circunvalar acusa ese rezago al resultar su capacidad insuficiente para la demanda actual: sus carriles quedan cortos, mientras sigue pendiente una arteria paralela que distribuya dicha carga y reduzca los embotellamientos.
La calle 100 pudo haber representado una alternativa estratégica para construir ese corredor complementario; sin embargo, esa iniciativa no recibió la atención que exigía su importancia para el futuro de la urbe, desatención que hoy plantea serios interrogantes: si se hubiese ampliado a tiempo, las dinámicas de movilidad y la conectividad del norte serían diametralmente distintas.
En ese contexto, la entrada en funcionamiento del intercambiador vial de Alameda del Río tampoco ha constituido la solución definitiva, realidad que los acontecimientos recientes confirman: haber desestimado las advertencias y el conocimiento de las veedurías representó un desacierto histórico, pues las obras ejecutadas apenas mitigaron los síntomas, dejando intactas las causas de fondo.
Por consiguiente, se requiere fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, las alcaldías, la Superintendencia de Industria y Comercio, las entidades financieras y los demás organismos competentes, a fin de garantizar una supervisión más rigurosa y evitar que las pretensiones particulares prevalezcan sobre los derechos ciudadanos, conforme a la expresión latina Nemo supra legem: nadie está por encima de la ley.
