La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó los lineamientos que limitarían entrevistas y ruedas de prensa con medios considerados no afines al Gobierno.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las directrices que, según la organización, habría impartido la Presidencia de la República para establecer nuevas reglas en el relacionamiento del Gobierno con los medios de comunicación.
La Fundación advirtió que estas disposiciones podrían afectar el ejercicio libre y crítico del periodismo, al limitar el acceso de periodistas a fuentes oficiales y dificultar la posibilidad de formular preguntas, contrastar versiones y exigir explicaciones a los funcionarios públicos.
Entre los lineamientos señalados por la FLIP se encuentran la decisión de no conceder entrevistas o ruedas de prensa a medios considerados “amigos”, limitar las intervenciones de ministros a declaraciones sin espacio para preguntas y centralizar buena parte de la información gubernamental a través de la vocería de la Presidencia.
Aunque la organización reconoce que el Gobierno tiene autonomía para definir su estrategia de comunicaciones y establecer sus vocerías, sostiene que esta facultad no puede convertirse en una barrera para el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales.
La FLIP aseguró que recientemente ha documentado casos en los que periodistas han solicitado información a través de los canales institucionales sin obtener respuesta. Según la Fundación, esta situación ha dificultado el cubrimiento de temas de interés público, entre ellos la evolución del conflicto armado y las consecuencias del reciente terremoto.
Antecedentes durante la campaña presidencial
La organización también recordó denuncias relacionadas con el manejo de las comunicaciones durante la campaña presidencial, particularmente entre la primera y segunda vuelta.
Según la FLIP, entre esas denuncias estuvo la presentada por la periodista Camila Zuluaga, quien señaló que el entonces candidato Abelardo De La Espriella habría restringido las entrevistas con determinados periodistas, instruido a su equipo para no atender algunas solicitudes de medios y limitado su participación a ruedas de prensa en las que conociera previamente las preguntas.
La Fundación considera que una decisión de este tipo puede corresponder a una estrategia de relacionamiento durante una campaña electoral, pero adquiere una dimensión diferente cuando se trata de la Presidencia de la República, debido a que los funcionarios, canales de información y recursos utilizados pertenecen al Estado y no al Gobierno de turno.
“Emplear este tipo de etiquetas puede traducirse en privilegios para quienes no incomodan al poder y restricciones para quienes ejercen una cobertura crítica”, señaló la FLIP, al advertir además sobre posibles efectos de estigmatización y autocensura.
La organización agregó que la publicación periódica de información oficial no reemplaza la posibilidad de que los periodistas interroguen a los funcionarios, investiguen sus decisiones y soliciten explicaciones.
En ese sentido, la FLIP citó la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según la Fundación, reconoce una protección reforzada al acceso de los periodistas a la información pública por la función que cumple la prensa en el control democrático.
Finalmente, la FLIP pidió a la Presidencia reevaluar la directriz y garantizar que los medios y periodistas tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y a los espacios convocados por el Gobierno, independientemente de su línea editorial o posición frente a las autoridades.
