Un predio de 20.000 metros cuadrados, ubicado cerca del límite entre Puerto Colombia y Tubará, habría sido objeto de intentos de registro mediante documentos cuya autenticidad fue cuestionada por las autoridades.
La disputa por terrenos ubicados frente al mar en el Atlántico no es un fenómeno reciente. Nuevos antecedentes conocidos revelan que, desde hace varios años, particulares habrían intentado incorporar a su patrimonio predios que pertenecen a la Nación utilizando diferentes mecanismos, entre ellos matrículas inmobiliarias y supuestas resoluciones de cesión.
Uno de esos casos involucra un terreno de 20.000 metros cuadrados, equivalente a dos hectáreas, ubicado en la zona costera cercana al límite entre Puerto Colombia y Tubará, en un sector contiguo también a una ciénaga.
La situación volvió a salir a la luz en 2023, cuando el área jurídica de la Alcaldía de Puerto Colombia recibió una solicitud relacionada con la inscripción del inmueble, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-615435, dentro de la base catastral del municipio.
Según la documentación presentada, el terreno habría sido entregado a particulares mediante la supuesta Resolución No. 1164 del 30 de marzo de 2005.
Sin embargo, las verificaciones realizadas por la administración municipal encendieron las alertas.
La Alcaldía de Puerto Colombia revisó las bases de datos donde reposan los registros de bienes fiscales, pero no encontró información que demostrara que el terreno identificado con esa matrícula hubiera pertenecido o perteneciera al inventario de predios fiscales del municipio.
Las dudas aumentaron al no lograrse comprobar la existencia de las resoluciones mencionadas en el proceso.
Ante estas inconsistencias, surgieron sospechas sobre una posible falsedad material en documento público y/o fraude procesal, lo que impidió que el trámite avanzara como pretendían los solicitantes.
El caso, además, tenía antecedentes.
Información conocida indica que en 2021 se intentó radicar la misma matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Catastro de la Subdirección de Planeación del Área Metropolitana de Barranquilla.
Funcionarios de Catastro realizaron una visita al lugar para verificar las condiciones del terreno, pero finalmente no autorizaron su inscripción.
La razón estaba relacionada con la naturaleza del predio: durante la revisión se advirtió que particulares estarían intentando apropiarse de terrenos considerados propiedad de la Nación.
A partir de esa situación, la dependencia solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia verificar la autenticidad de los documentos utilizados en el trámite y establecer si las resoluciones presentadas eran verdaderas o falsas.
Otro elemento que generó preocupación fue que el predio habría sido presentado para registro por dos personas diferentes.
La situación resultó especialmente sospechosa debido a que se buscaba vincular el mismo terreno a dos matrículas distintas, una circunstancia que levantó nuevas dudas sobre la propiedad y la legalidad de los documentos aportados.
Finalmente, la Oficina de Catastro decidió no incorporar el inmueble al registro.
Este episodio se suma a otros casos relacionados con terrenos de la franja costera del departamento, donde se han denunciado intentos de apropiación de bienes públicos en sectores que van desde Puerto Colombia hasta Piojó.
Entre los antecedentes recientes figuran las controversias por un lote de 5.082 metros cuadrados, que fue cedido al particular Francisco Javier Pizarro Guerra, y otro terreno de 33.637 metros cuadrados, entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Los casos han puesto nuevamente bajo la lupa los mecanismos utilizados para intentar obtener derechos sobre predios ubicados en zonas estratégicas de la costa atlántica y que, según las investigaciones y verificaciones realizadas por las autoridades, podrían corresponder a bienes de la Nación.
