Dos predios que originalmente fueron entregados al municipio para zonas verdes quedaron bajo la lupa de las autoridades. La Superintendencia ordenó bloquear preventivamente los registros mientras la Procuraduría revisa el caso.
La controversia por varios terrenos que habrían pasado del patrimonio público a manos de particulares en Puerto Colombia sigue sumando actuaciones de los organismos de control.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) adoptó medidas preventivas sobre dos grupos de predios vinculados al caso y ordenó revisar a fondo su situación jurídica y registral antes de permitir nuevos movimientos.
Las decisiones tienen carácter cautelar y, por ahora, no resuelven quién tiene definitivamente el derecho de propiedad sobre los terrenos.
Una de las medidas recae sobre un terreno de más de 5.300 metros cuadrados, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 040-477286.
El lote surgió de una división del predio conocido como Pajonal y posteriormente quedó relacionado con el ciudadano Francisco Pizarro Guerra.
Mediante una resolución expedida el pasado 28 de agosto, la Supernotariado suspendió temporalmente los efectos de actuaciones administrativas anteriores y ordenó un bloqueo preventivo del inmueble.
La finalidad de esta medida es impedir nuevas modificaciones en el registro mientras las autoridades examinan los trámites realizados sobre la propiedad y determinan si cumplieron con los requisitos legales.
La revisión no se limita a ese inmueble.
La Superintendencia inició además una actuación administrativa sobre otro conjunto de predios que, en total, alcanzan los 33.637 metros cuadrados y que terminaron en manos de Alfredo Montoya Hoyos.
Dentro de esta revisión se encuentran los folios de matrícula 040-445183, 040-445198, 040-609789, 040-625766 y los comprendidos entre el 040-630731 y el 040-630735.
La entidad busca establecer con precisión la situación jurídica de estos bienes y verificar las actuaciones que permitieron los cambios registrados sobre las propiedades.
La SNR indicó que trabaja junto con la Alcaldía de Puerto Colombia para esclarecer las inconsistencias detectadas y proteger la seguridad jurídica del registro inmobiliario.
El origen del caso se remonta a 2009, cuando Cementos Argos entregó estos terrenos al municipio de Puerto Colombia.
La destinación establecida para los predios era exclusiva para zonas verdes. Sin embargo, años después, durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, en 2017, los terrenos terminaron siendo cedidos gratuitamente a particulares.
Esa situación abrió cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones administrativas, la información catastral y los movimientos realizados posteriormente en los registros públicos.
De acuerdo con información conocida por este medio, los dos grupos de lotes tendrían valores superiores a los $10 mil millones y $50 mil millones, respectivamente.
Mientras la Superintendencia adelanta sus verificaciones, la Procuraduría General de la Nación puso el caso bajo observación.
El Ministerio Público inició una actuación preventiva para conocer cómo se desarrollaron los procesos administrativos relacionados con los terrenos y revisar los cuestionamientos existentes sobre los documentos utilizados en las cesiones.
Entre las solicitudes realizadas está un requerimiento al alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, para que entregue información detallada sobre las resoluciones relacionadas con los predios y sus antecedentes administrativos.
La Procuraduría también pidió estudios, informes, conceptos técnicos y jurídicos, actas y demás documentos que sirvieron como soporte para expedir los actos administrativos.
Además, busca identificar a los funcionarios y contratistas que participaron en la elaboración y proyección de las decisiones que permitieron la cesión de los lotes.
Por ahora, las actuaciones de los organismos de control continúan y el futuro jurídico de estos terrenos sigue sin una decisión definitiva. Las investigaciones deberán establecer si las transferencias realizadas sobre bienes que originalmente estaban destinados al uso público se ajustaron o no a la normatividad vigente.
