El Ministerio Público busca establecer las condiciones de la operación con una empresa china para financiar proyectos de infraestructura eléctrica en la región Caribe.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato suscrito por Air-e Intervenida con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se gestionarían recursos de hasta $1 billón para financiar proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con la información conocida, la operación tendría una duración de 60 meses, una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual y un período de gracia de un año a partir de la entrada en operación de las obras.
El Ministerio Público solicitó información a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para determinar las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales bajo las cuales fue estructurado y firmado el negocio.
La actuación cobra especial relevancia debido a que Air-e se encuentra bajo toma de posesión y su agente especial debe informar a la Superintendencia sobre los compromisos contractuales, presupuestales y de inversión que puedan afectar el patrimonio de la empresa.
Entre los aspectos que revisará la Procuraduría está si la Superintendencia conoció previamente la negociación y si la operación requería autorización. También busca establecer el impacto de las obligaciones sobre el endeudamiento, flujo de caja, capacidad de pago y sostenibilidad financiera de Air-e.
Además, fueron solicitados los estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos que sustentaron el negocio, así como las garantías, fuentes de pago y actuaciones adelantadas ante la autoridad de vigilancia.
Revisarán impacto en el servicio y las tarifas
El seguimiento también contempla los proyectos que serían financiados, sus costos y criterios de priorización, además de los posibles efectos de las inversiones sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico y sobre las tarifas de los usuarios.
La Procuraduría también pretende establecer cómo las obligaciones derivadas del contrato se integrarían a los diferentes escenarios que puedan definirse para Air-e, incluyendo la eventual llegada de un nuevo operador o una futura solución empresarial.
El Ministerio Público aclaró que su actuación no cuestiona la necesidad de invertir en la infraestructura eléctrica del Caribe, sino que busca verificar que una operación de esta magnitud se ajuste al régimen de intervención, proteja el patrimonio de Air-e y no comprometa su sostenibilidad financiera ni la prestación del servicio a sus más de 1,3 millones de usuarios.
Air-e y la Superintendencia deberán entregar la información solicitada dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las respectivas comunicaciones.
