El Ministerio de Minas puso bajo revisión las finanzas de Air-e y Afinia, mientras prepara medidas para aumentar la oferta de energía y gas durante el verano 2026-2027. Air-e acumula pérdidas por $2,59 billones, según el balance presentado.
La estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe se convirtió en una de las primeras prioridades de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.
Apenas diez días después de asumir el cargo, la funcionaria presentó un diagnóstico sobre la situación que encontró en la cartera y anunció una serie de medidas destinadas a reducir los riesgos financieros y energéticos que enfrenta el país.
Entre los asuntos que concentran la atención del Gobierno están las dificultades de Air-e y Afinia, la preparación para un eventual fenómeno de El Niño, el abastecimiento de gas natural y la posibilidad de realizar una nueva subasta de energía firme.
La situación de Air-e es uno de los principales focos de atención. La empresa se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024 y, según el denominado Libro de la Verdad, su situación financiera se deterioró de manera considerable durante los últimos años.
El documento señala que la compañía pasó de tener un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a registrar un patrimonio negativo de $377.662 millones en 2025.
En ese periodo, de acuerdo con el informe, las pérdidas acumuladas alcanzaron los $2,59 billones.
El reporte también menciona cuestionamientos sobre los estados financieros de la empresa. Dos auditorías se habrían abstenido de emitir una opinión debido a la falta de evidencia suficiente y se registraron $2,69 billones en deterioros contables que, según el documento, no contarían con el soporte requerido.
La intervención también estuvo marcada por cambios frecuentes en su administración: en aproximadamente 20 meses fueron designados seis agentes especiales.
El Libro de la Verdad agrega que la Fiscalía adelanta investigaciones sobre varios hechos, entre ellos presuntos giros por $250.000 millones a terceros para cubrir obligaciones anteriores a la intervención y una denuncia relacionada con una posible falsificación contable.
También es objeto de cuestionamientos un desembolso por $148.530 millones, autorizado el 25 de octubre de 2024 por el primer agente especial, debido a la presunta falta de soporte suficiente señalada en el informe.
El documento advierte que un deterioro adicional de la situación podría poner en riesgo la continuidad del servicio y obligar a destinar recursos públicos para un eventual rescate.
La eventual crisis tendría un impacto directo sobre más de 1,3 millones de familias de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios atendidos por Air-e.
Ante este escenario, el Ministerio anunció que trabaja en alternativas para reestructurar o refinanciar las obligaciones de Air-e y Afinia.
El objetivo es evitar que los problemas financieros de las comercializadoras terminen trasladándose al mercado mayorista y generen consecuencias sobre la prestación del servicio.
La nueva administración también plantea establecer mecanismos permanentes de seguimiento a la seguridad energética y coordinar las decisiones con las empresas que participan en la cadena.
Arboleda defendió el enfoque adoptado durante sus primeros días al frente del Ministerio y aseguró que la respuesta estará basada en criterios técnicos y decisiones concretas.
La otra gran preocupación está relacionada con las condiciones climáticas que podría enfrentar el país durante el periodo 2026-2027.
El Ministerio trabaja junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) y los agentes del mercado para aumentar la disponibilidad de electricidad y gas natural.
Una de las medidas ya anunciadas está relacionada con la regasificadora Spec.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó la ampliación de su licencia ambiental, lo que permitirá incorporar hasta 58 millones de pies cúbicos diarios de gas natural adicionales durante el periodo de sequía.
El Gobierno también conversa con la Creg sobre la posibilidad de realizar una nueva subasta de Obligaciones de Energía Firme (OEF), además de estudiar otras herramientas para incrementar la capacidad disponible durante el verano.
La estrategia incluye igualmente medidas para gestionar de manera eficiente la demanda si las condiciones del sistema lo requieren.
En paralelo, el Ministerio de Minas y Energía y Andesco pusieron en marcha cinco mesas técnicas para discutir los principales desafíos del sector eléctrico y del gas.
Uno de los primeros asuntos abordados fue precisamente la deuda de Air-e con generadores y otros participantes de la cadena energética.
Las reuniones buscan construir una alternativa financiera que permita atender esas obligaciones sin comprometer la continuidad del servicio en la región Caribe.
También se planteó mantener un seguimiento permanente sobre la disponibilidad de energía y gas, acelerar las decisiones relacionadas con infraestructura y preparar respuestas ante escenarios de menor oferta.
La ministra resumió la orientación de su administración con una premisa: el sector necesita decisiones rápidas y sustentadas técnicamente para enfrentar tanto la crisis financiera de las empresas como los posibles efectos climáticos sobre el sistema energético.
